RedacciónLa Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó su oposición a un eventual juicio político a varios jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), luego de que ese organismo decidiera, por mayoría, anular la convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), celebrada en diciembre de 2017.
“En lo que respecta a la decisión del TSE es preciso resaltar, en general, que el solo disenso con una decisión adoptada por un órgano jurisdiccional no es criterio suficiente para la aplicación del juicio político”, expuso Finjus en un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
En ese orden, afirmó que para ejecutar un juicio político a los jueces del TSE es necesario que exista una “evidente e indudable violación constitucional” atribuible al órgano jurisdiccional, pues de lo contrario la independencia de los jueces de las Altas Cortes podría quedar amenazada por el poder político.
Finjus aseguró que no puede “siquiera entenderse como causal de juicio político” el que un tribunal adopte una decisión contraria a un precedente constitucional porque la dinámica del control jurisdiccional en nuestro país establece un sistema de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) que le permite verificar el apego a los precedentes establecidos.
Además, que esto permitiría abrir la posibilidad de que en un diálogo jurisdiccional el propio TC enriquezca, corrija o modifique sus precedentes a partir de las decisiones adoptadas por otros tribunales.
“Los precedentes son un derecho dinámico que se nutre precisamente de ese diálogo horizontal entre las distintas ramas del poder jurisdiccional”, agregó Castaños.
El jurista consideró, asimismo, que lo primero es dejar sentado que en el marco de un Estado social y democrático de derecho las sentencias y demás actos de un órgano jurisdiccional, como el Tribunal Superior Electoral, deben ser acatadas, y si existiera disconformidad con esas decisiones, existen recursos que contemplan la Constitución y las leyes, para que quienes las adversan puedan recurrirlas ante las instancias correspondientes.
“Todo lo anterior es muy importante considerando que hemos entrado en el período de antesala de las elecciones de 2020, que no solo serán las más complejas en los últimos tiempos, sino que deben servir para reforzar la credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones democráticas”, destacó el documento.
Castaños destacó, en ese sentido, que por ello es importante en la coyuntura actual que predomine el respeto a las instituciones electorales, como es el caso de la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral, que son las encargadas de garantizar la transparencia, la legalidad y la idoneidad de los procesos electorales.
“Advertimos una grave incongruencia lógica en el contexto actual para invocar la figura del juicio político frente a las decisiones jurisdiccionales, pues esto constituye una amenaza real a la independencia del Poder judicial y las Altas Cortes, siendo esto un pilar básico para la democracia”, expuso la entidad.
En consecuencia, lo que en principio buscó ser una garantía de la independencia judicial, juicio excepcional de destitución por razones limitadas establecido en el artículo 83.1 de la Constitución, se puede convertir en un mecanismo contrario a los más genuinos principios democráticos, agregó Castaños Guzmán.
“Finjus exhorta a los actores y fuerzas políticas involucradas en la presente coyuntura a actuar con comedimiento, mesura y pausa, limitando sus actos a lo que estrictamente ordenan y permiten la Constitución y las leyes, evitando crear situaciones que impliquen el menoscabo de la institucionalidad democrática”, destacó la entidad.
