Familia Rosario exige pago US$2,500 al Gobierno por apropiación de terrenos

Miembros de la familia Rosario acudieron  este martes al Congreso Nacional para exigir al Gobierno que le pague más de 2 mil millones de dólares,  que supuestamente le adeuda por la apropiación de casi un millón de tareas de tierras en el municipio de pueblo Viejo Cotuí, provincia Sánchez.

Jhonny Portoreal, hablando a nombre de la familia Rosario, explicó que esas tierras están siendo utilizadas por la empresa minera Barrick Gold para la explotación minera.

Expresó que está reclamando al Congreso Nacional que hoy resuelva el problema de la familia Rosario, mediante una resolución y dándole respuesta a esta familia que viene reclamando desde hace varios años.

“Nosotros nos vamos de aquí hasta que el Congreso asuma una posición  frente a la familia Rosario”, apuntó Portoreal.

Añadió que la deuda asciende a unos US$2,500 millones,  pero que el problema no es el dinero, sino que se tome en cuenta la familia Rosario,  y que se determine mediante una investigación  de  ese contrato y que se evalué realmente lo que tenemos.

Además,  dijo que por los daños de la contaminación, donde muertos animales y muchas se encuentran  enfermas, están pidiendo una indemnización al Estado por los derechos sucesoral y  por violación  del desalojo arbitrario.

Indicó que las tierras que fueron apropiadas hacen varios por el Gobierno, las cuales comprenden las tierras Monseñor Nouel, La Vega Sánchez Ramírez, Monta Plata, Duarte, entre otras comunidades.

“No queremos echarle la culpa a nadie, porque han pasado varios gobiernos y  se han hecho nuevas negociaciones, estamos confiado en Dios y dándole un respaldo al presidente Danilo Medina para que éste  se haga  responsable en pagar dicha suma”, aclaró el jurista.

Señaló que esta es una situación de más de 100 años y que la familia Rosario tiene sus títulos originales de esos terrenos, y por tanto, está reclamando que se pague.

Las personas de la familia Rosarios se trasladaron desde de sus comunidades en minibuses hasta  llegar al Congreso, con pancartas y  reclamando al Gobierno que se pague su dinero.

Finalmente, pidió al Congreso Nacional nombrar una comisión para que investigue la veracidad de dicho reclamó, y tome una decisión al respecto.