RedacciónParticipación Ciudadana, RedVejez y la Fundación NTD Ingredientes, exhortaron al presidente Danilo Medina promover políticas públicas en favor del adulto mayor; Las organizaciones reiteraron que es el Estado, quien está llamado a impulsar políticas públicas garantistas de los derechos fundamentales y la seguridad de los adultos mayores de la República Dominicana.
Los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables por la ausencia de políticas públicas efectivas que vayan a enfrentar sus necesidades dejando a esta población con un 69% por debajo de la línea de pobreza y un 24% en pobreza extrema. Además, la República Dominicana cuenta con una proporción de la población mayor de 60 años, la cual se ha incrementado de manera sostenida a lo largo de las últimas décadas, con una cobertura de pensiones de solo el 14% en el mejor de los casos y con limitado acceso efectivo a la salud.
Las organizaciones expresaron que es necesario el fortalecimiento y reestructuración del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), organismo oficial en materia de definición y ejecución de las políticas nacionales orientadas a beneficiar a los adultos mayores; En este sentido, es importante avanzar y garantizar el cumplimiento de las promesas presentadas en el Programa de Gobierno del Presidente de la República para el cuatrenio 2016-2020, para fortalecer el instrumento específico de intervención para la protección social del envejeciente que represente un avance en cobertura, calidad de la protección, sostenibilidad e integralidad.
La Red de Organizaciones por una Vejez Digna (Redvejez), Fundación NTD Ingredientes y Participación Ciudadana, solicitan al gobierno dominicano realizar las acciones necesarias para que el Estado dominicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
De igual manera, urge la implementación efectiva de Ley No. 352-98 de Protección de la persona envejeciente para dotar al país de un órgano rector con las funciones y competencias y a los adultos mayores de una vida digna.
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