RedacciónEl excoronel del ejército de República Dominicana, Rafael Bienvenido Collado Ureña, se declaró culpable este lunes ante el Tribunal Federal de Puerto Rico por cargos de narcotráfico.
Collado Ureña enfrentaba tres cargos por conspiración, importación y distribución de sustancias controladas transportadas de República Dominicana a Puerto Rico, además una alegación de confiscación por $84,700.
De acuerdo con la Fiscalía de Puerto Rico, Collado Ureña acordó declararse culpable solamente por el cargo uno en el pliego, de conspiración para importar narcóticos.
Las partes acordaron recomendar al tribunal la sentencia baja de las guías aplicables. El mínimo estatutario es de 10 años.
El excoronel del Ejército fue arrestado el 12 de junio de 2017 en Puerto Rico, mientras realizaba uno de los alegados viajes relacionados a su vinculación al narcotráfico.
De acuerdo con una declaración jurada ante el tribunal, un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) describe que la operación encubierta para documentar las actividades de narcotráfico de Collado Ureña se inició desde junio del 2016.
“Específicamente, planteó que desde ese momento hasta junio de 2017 habían intentado importar 20 kilogramos de cocaína desde República Dominicana hasta Puerto Rico, coordinación que fue grabada en audio”, señala la declaración.
“El agente de la DEA señaló que Collado Ureña, luego, le llegó a ofrecer a un informante de la DEA $60,000 (dólares) para comprar 8 kilogramos de cocaína para que luego fuera enviada a Puerto Rico”, dice la citada publicación.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana publicó en su portal, tras la detención de Collado Ureña, que junto a la DEA comenzaron a seguir de cerca de Collado Ureña desde que se le vio cargando el féretro del coronel dominicano Amado González, quien fuera “brazo derecho” del narcotraficante puertorriqueño David Figueroa Agosto, mejor conocido como “Junior Cápsula”.
El coronel Rafael Bienvenido Collado Ureña fue suspendido por el ministerio de Defensa en el 2017, cuando inició la fase investigación y coordinación con los organismos internacionales a cargo del caso.
