RedacciónEl Centro Juan XXIII manifestó este jueves que se une a los ciudadanos y organizaciones que están convocando a la Marcha del Millón el domingo 12 de agosto, para que se haga llegar claro el mensaje de que no se puede seguir empeñando el futuro de la Patria y dejar a los funcionarios corruptos burlarse del pueblo al enriquecerse de las arcas del estado.
“Aplaudimos el llamado y exigimos no más corrupción y no más impunidad”, expresa en un comunicado el Centro Juan XXIII.
La entidad indicó que desde su fundación ha luchado por una gestión gubernamental honesta, transparente y eficiente, sin importar quién sea el gobernante de turno ni los intereses particulares de gremios profesionales, empresariales, partidarios o de otra índole: “El interés es que gobiernen bien”.
Expuso que una de las luchas más importantes que el Centro Juan XXIII ha asumido es la de la aplicación de la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, bajo el entendido de que esta ley es el principal instrumento que existe en la lucha contra la corrupción administrativa, involucrando tanto a órganos de fiscalización como la Cámara de Cuentas, como de investigación y persecución por parte de la Procuraduría General de la República.
Añadió que es tan poderosa la ley que su objetivo lo logra bajo un marco de transparencia tal que permite al ciudadano común ser parte de la veeduría en contra de la corrupción y del enriquecimiento ilícito, exponiendo al escrutinio público a los principales servidores públicos, sin importar en cuál de los tres poderes del Estado rindan sus servicios a la Patria.
Desde la promulgación del reglamento de aplicación de dicha ley en el 2016 el Centro ha venido trabajando junto a la Pucmm en el Laboratorio Padre José Antonio Esquivel, dando seguimiento continuo a la aplicación de la misma con la publicación de seis boletines hasta la fecha que nos han hecho constatar la falta de voluntad de parte de los principales actores del sistema para hacer de la ley 311-14 un instrumento real de lucha contra la corrupción, quienes incumplen una y otra vez los mandatos de la misma.
Expuso que a la fecha aún quedan funcionarios sin entregar sus declaraciones juradas de patrimonio, a los cuáles no se les ha aplicado las sanciones definidas en la ley; la Cámara de Cuentas no ha completado ninguna auditoría a las declaraciones presentadas por los funcionarios públicos, aún en los casos en que fueron realizadas de manera tardía.
Señaló que de manera muy preocupante, la Procuraduría General de la República no ha abierto ni una sola investigación relacionada con los casos en que los funcionarios nuevos o salientes no hayan presentado (o lo hayan hecho de manera tardía) su declaración jurada de patrimonio.
Subrayó que tampoco la Cámara de Diputados ha abierto juicio político en contra de los diputados que aún no han presentado su declaración y la Tesorería Nacional no ha retenido los salarios de ningún funcionario, electo o no, por no presentar la misma.
El Centro Juan XXIII añadió que la falta del cumplimiento de la ley contribuye a cimentar el régimen de impunidad que impera en el país.
La entidad se preguntó “¿Estamos quizás ante el más grande caso de prevaricación en la historia de la República?, hay más de un millón de razones para marchar. Es necesario que la ciudadanía se empodere, que asuma un rol activo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que levante su voz en contra de cualquier régimen que impone una visión retorcida de la política y del servicio público”.
Instó a la población asistir a la Marcha del Millón este domingo 12 de agosto: “Acerquemos el sueño de vida digna que merecemos y rechacemos toda la indignidad que nos rodea”.
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