RedacciónLa Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró como válida la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), de suspender de manera inmediata de la ejecución del Fondo de Gestión Social, conocido como “Barrilito” por parte de los senadores de la República.
Finjus señaló, además, que el accionar de la JCE está dentro “de una atribución que le asigna la Constitución, específicamente en su artículo 212, en el sentido de asegurar y “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad, equidad y transparencia en la utilización de los recursos económicos”.
Finjus expuso que este Fondo de Gestión Social del Congreso Nacional “constituye una desnaturalización de las funciones primigenias propias del Poder Legislativo, que son la legislativa, fiscalizadora y representativa. Aunque en ocasiones se trata de justificar el uso de esos fondos públicos en la función representativa, la esencia de dicha función es la de legislar y fiscalizar en representación del pueblo”.
En el comunicado, Finjus señala que “en el marco del complejo proceso electoral actual, que los senadores dispongan del «Barrilito» constituye una competencia desigual con relación a otros candidatos que no tienen acceso a fondos similares. Esto pone en entredicho la equidad en las elecciones y, de acuerdo a las opiniones planteadas por expertos y analistas, constituye un estímulo de prácticas clientelistas y privilegios irritantes que contradicen el ideal de la democracia”.
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