El MotínPor Francisco Rojas Castillo
La controversia del sector arrocero dominicano ante la eliminación de la protección arancelaria del DR-CAFTA plantea una pregunta inevitable: ¿por qué, después de dos décadas para prepararse, los productores siguen reclamando protección frente a la competencia internacional? La respuesta exige examinar los ajustes que debió realizar el sector, las políticas públicas que no alcanzaron los resultados esperados, las limitaciones estructurales y las posibles distorsiones del comercio internacional.
El tratado, vigente para República Dominicana desde marzo de 2007, estableció un calendario conocido de desgravación. El arancel de referencia del 99% se redujo a 91.08% en 2016, 59.4% en 2020, 35.64% en 2022 y 11.88% en 2024, hasta llegar a cero en enero de 2025. La apertura, por tanto, no fue inesperada: ofreció un período prolongado para invertir, adaptarse y elevar la productividad.
La importancia económica y social del arroz es incuestionable. En República Dominicana, alrededor de 30,000 productores se dedican a su cultivo y unas 300,000 personas dependen directa o indirectamente de esta actividad. En 2025, la producción rondó los 14.8 millones de quintales, equivalentes a unas 680,000 toneladas métricas. Se estima que el cereal representa entre el 13% y el 15% del PIB agropecuario. En 2024, la producción nacional habría cubierto cerca del 96% del consumo interno, estimado en 143 libras por habitante al año.
No obstante, abastecer gran parte del mercado interno no equivale necesariamente a competir con eficiencia. La competitividad depende del rendimiento por tarea, el costo por quintal, la calidad, la productividad del agua y del trabajo, la eficiencia industrial y la rentabilidad.
La brecha de rendimiento ilustra el desafío. En 2025, la productividad promedio dominicana se situó en aproximadamente 7.60 quintales de arroz en cáscara por tarea, frente al equivalente de 11.73 quintales en Estados Unidos: una ventaja de alrededor del 54.4% para este último. La comparación evidencia un margen importante de mejora, aunque el rendimiento físico, por sí solo, no determina los costos ni la competitividad comercial.
A esa brecha se suman factores estructurales. Los productores dependen de combustibles, fertilizantes, maquinaria y tecnología importados; también enfrentan costos financieros, limitaciones de escala, deficiencias de riego y logística, fluctuaciones cambiarias y riesgos climáticos. No todas estas dificultades pueden atribuirse a decisiones individuales: el entorno económico e institucional también condiciona los resultados.
Otro factor son los apoyos que Estados Unidos ofrece a sus agricultores, incluidos los arroceros, mediante programas de protección de precios e ingresos y seguros agrícolas. Pueden incidir en las condiciones de competencia, pero la Organización Mundial del Comercio (OMC) distingue entre ayudas permitidas, ayudas sujetas a límites y subvenciones prohibidas. La existencia de apoyos no demuestra por sí sola una infracción ni autoriza automáticamente derechos compensatorios: se requiere una investigación que determine la subvención susceptible de compensación, el daño a la producción nacional y la relación causal.
Durante la transición, el Estado debió impulsar una reconversión productiva con metas verificables: modernizar riego y drenaje, fortalecer la investigación y las semillas, ampliar la mecanización, mejorar caminos y almacenamiento y orientar el financiamiento hacia inversiones que redujeran costos. Hubo programas de apoyo, pero corresponde evaluar si su cobertura, continuidad y resultados fueron suficientes, así como medir sistemáticamente las brechas frente a los competidores.
El marco multilateral ofrecía espacios para actuar. El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC admite, bajo condiciones específicas, apoyos de la llamada Caja Verde, como investigación, capacitación, asistencia técnica e infraestructura, con efectos nulos o mínimos de distorsión comercial. La apertura comercial, por tanto, no impedía aplicar políticas públicas eficaces para elevar la productividad.
El sector privado también conocía el calendario de desgravación. Productores, asociaciones y factorías tenían incentivos para incorporar tecnología, gestionar mejor los costos, organizar compras conjuntas, fortalecer la asociatividad y modernizar el procesamiento y la comercialización. Sin embargo, los pequeños agricultores afrontan restricciones de crédito, escala y acceso a equipos que justifican un acompañamiento diferenciado.
La respuesta arancelaria generó, además, controversias. En diciembre de 2024, el Decreto 693-24 estableció una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero y un gravamen del 99% sobre el excedente. El Decreto 635-26, de septiembre de 2026, derogó esa disposición. En este debate debe distinguirse entre los aranceles consolidados ante la OMC y las obligaciones preferenciales del DR-CAFTA: los primeros no anulan automáticamente las segundas.
La seguridad alimentaria merece igual atención. El arroz sostiene ingresos rurales y ocupa un lugar central en la dieta dominicana. Sin embargo, la seguridad alimentaria comprende disponibilidad, acceso económico, utilización adecuada y estabilidad del suministro; no exige producir todo internamente a cualquier costo. Las barreras que encarecen el arroz pueden proteger determinados ingresos agrícolas, pero también afectar a los consumidores, especialmente a los hogares de menores recursos.
El período de transición abarcó varias administraciones gubernamentales y decisiones del sector privado. Hoy corresponde reconocer las insuficiencias de las políticas públicas y los ajustes productivos, tecnológicos y empresariales que no se realizaron oportunamente. Ese reconocimiento no debe convertirse en un intercambio de culpas, sino en el punto de partida de una agenda compartida.
El Gobierno y los actores de la cadena arrocera deben acordar una estrategia con metas medibles de rendimiento, costo unitario, inversión tecnológica, eficiencia industrial y rentabilidad, junto con apoyos diferenciados a pequeños productores. También procede investigar las posibles distorsiones comerciales y utilizar, cuando corresponda, los instrumentos legales de defensa comercial, sin descuidar el precio que paga el consumidor.
Veinte años de protección debieron ser veinte años de transformación productiva. Las dificultades estructurales y los apoyos externos requieren respuestas concretas, pero no justifican posponer indefinidamente la modernización. La protección concede tiempo; solo una transformación productiva sostenida, acompañada de reglas comerciales equitativas, construye competitividad duradera.
