Por Alberto Quezada
El acontecer político dominicano hasta ese momento transcurría de forma distendida y sin mayores sobresaltos. El debate giraba en torno a las informaciones salidas de los actores participantes en el recién convocado dialogo nacional hecho por el Gobierno para discutir las 12 reformas.
Pero quizás sin proponérselo, dos funcionarios fundamentales del actual Gobierno que dirige el presidente Luis Abinader han cambiado todo, al dar a conocer sendas declaraciones públicas que han encendido escenario político criollo.
La primera fue del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, quien reveló que no han puesto en ejecución a toda capacidad el programa “Mi País Seguro” debido a la falta de la asignación presupuestaria por parte del gobierno.
La segunda es del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, quien nada más y nada menos instó a la sociedad civil a empoderarse y salir a las calles defender sus derechos ya que entiende que hay sectores poderosos que pueden imponer sus agendas y arrebatarle o disminuirle sus conquistas.
En medio de esta vorágine que vive el Gobierno en la actualidad, con un entorno internacional hostil, con una carestía de la mayoría de los productos de la canasta familiar, pocos empleos, baja inversión extranjera, una delincuencia que no da tregua, se entiende inoportuno dejarle caer eso al Presidente Luis Abinader.
Todavía no alcanzo a entender cuáles fueron las motivaciones que pudieron llevar a dos hombres con tantos vuelos y luces, a lanzar dos bombas como esas en la actual coyuntura económica y social que vive el país. ¿Insisto, que razones políticas, partidarias o personales, pudieron motivar esas consideraciones en los funcionarios?. ¿No se percataron ellos que el momento político, social y económico que vive su Gobierno no es mejor?.
¿Tampoco midieron los alcances y efectos que pudieran tener esas declaraciones a corto y mediano plazo para su Gobierno y los fines políticos del Presidente Abinader?.
Las respuestas no la sé, lo que si se advierte es que ambas informaciones de los servidores públicos en cuestión, sin lugar dudas, colocan en una posición bastante incomoda a una gestión gubernamental que si algo no necesita en este momento es que le sumen más problemas.
El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.quezada.alberto218@gmail.com
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