El MotínPor LEONEL CONCHA JUNIOR
La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), empleada de la Carrera Administrativa y ex inspectora de la Dirección General de Aduanas, Elba Figueroa Ferrand, exigió al director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, el pago de sus prestaciones e indemnización por haber sido cancelada en violación a la ley el 24 de agosto de 2004 tan pronto asumió el gobierno del presidente Leonel Fernández en sustitución del ex presidente Hipólito Mejía.
Manifestó que fue despedida por razones políticas sin haber cometido ningunas de las violaciones que indica el artículo 83 de la ley 41-08 el cual establece que serán destituidos los servidores públicos que hayan cometido faltas del tercer grado.
Con tristeza y pesar, afirmó que ha visto en dos ocasiones al director de Aduanas, Sanz Lovatón, le ha planteado que necesita exponerle su problema laboral pero que nunca ha logrado obtener cita formal para explicarle la situación jurídico legal de su caso.
Se quejó de que a pesar de que se desempeñó con honestidad en la Inspectoría de Aduanas y a que apoyó las aspiraciones políticas de Sanz Lovatón, antes de que el PRM llegara al poder, no se la ha tratado con la atención requerida y el debido respeto a sus reclamos legítimos en la institución recaudadora del estado dominicano.
Figueroa Ferrand insistió en que ha agotado un extenso proceso de contactos, diligencias con la Consultoría Jurídica y el departamento de Recursos Humanos de Aduanas, pero hasta la fecha sus derechos no han sido reconocidos ya que la ley prevé su reintegración, además del pago de los salarios que ha dejado de percibir desde su cancelación a la fecha.
Precisó que cuando se produjo su despido ilegal, “por conveniencia en el servicio”, laboraba en Inspección de la Dirección General de Aduanas devengando un salario de 11 mil 207 pesos mensuales.
La cancelación se produjo, indicó, a pesar de que obtuvo un certificado de aprobación del proceso de incorporación a la Carrera Administrativa con fecha 23 de julio del año 2004 y demostró que no podía ser despedida.
Precisó que el artículo 23 de la ley 41-08 de Función Pública establece que “los funcionarios públicos de carrera sólo perderán dicha condición en los casos que expresamente determina la ley, previo cumplimiento del proceso administrativo correspondiente y formalizado por un acto administrativo. El cese contrario al derecho se saldará con la reposición del servidor público de carrera en el cargo que venía desempeñando y el abono de los salarios dejados de percibir”.
Dijo que en la Consultoría Jurídica y en Recursos Humanos conocen a fondo su caso e incluso le calcularon el monto de la indemnización que le corresponde pero que por razones que ignora echaron el proceso para atrás.
Expresó que nunca ha podido conseguir una cita con el director de Aduanas, pese a que lo ha solicitado y conoce a sus colaboradores cercanos.
“Siempre que intentaba ver a Yayo para explicarle mi caso, me dejaban el día entero esperando. Pero un día lo veo, me fui detrás de él. Me dijo que subiera al ascensor con él. Le expliqué que estaba esperando y me dijo que volviera a Recursos Humanos para que hiciera la cita, pero nada. En diciembre pasado, había una actividad con el diputado Aníbal Díaz en el Club Los Prados. Yo me acerqué a él y le dije: Yayo yo tengo un tema laboral en la Dirección General de Aduanas, yo necesito una cita con usted para que me escuche. Él me dijo: Esas personas que están ahí vaya y dígales para que le pongan la cita. Al otro día, a las diez de la mañana, ya había un alguacil entregándome una citación para que yo me vaya a los tribunales”, explicó.
Consideró que personas que laboran en los departamentos de Recursos Humanos y el Jurídico se habrían enojado porque se atrevió a abordar y plantearle el problema al director de Aduanas.
Expresó que se dirigió al Defensor del Pueblo y le dijeron que no podían hacer nada a pesar de que se reunieron con el personal de Aduanas.
TRAYECTORIA EN EL PRM
Elba Figueroa Ferrand fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ahora es dirigente de la rama femenina del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la zona F-5 en el sector Los Ríos, Distrito Nacional.
Fue dirigente en la Federación de Mujeres Social Demócratas, trabajó con Yadira Henríquez y además con Sara Solís en el municipio Haina, San Cristóbal. Indicó que trabajó con el actual director del Consejo Nacional de Personas Envejecientes (CONAPE), José García Ramírez.
Esa señora está mal orientada, porque ella está reclamando algo que no le toca. A lo mejor se inspiró en el recién sonado caso del señor Pepe Goico y la actitud de su gente de ayudarlo. Es que la cancelación de la señora fue en 2004, cuando no existía la Ley 41-08, de la
Función Pública. Esa ley fue aprobada cuatro años después de su despido y la Ley no tiene efecto retroactivo. Se ser así, el Estado quebrara teniendo que pagarle a todo el que fue cancelado hasta 30 o 40 años atrás y así lo reclame.
En consecuencia a ella sólo le toca su liquidación normal, y es de justicia que se la paguen. No le tocan los salarios acumulados desde 2004, porque no existía la figura del servidor público de carrera.