Amaurys FlorenzánEl diputado Demóstenes Martínez exhortó este viernes al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), acogerse a las normativas que tendrá la nueva ley sobre Lavado de Activos, ya que es una exigencia internacional a la República Dominicana.
Martínez, quien presidió los trabajos de la Comisión de Justicia, precisó que como órgano legislativo lo más importante “es que la nueva ley no será excluyente y que en la República Dominicana, a lo que tenemos que acostumbrarnos es al cumplimiento de las normas”.
Afirmó que esta ley es muy específica: “Y no es verdad que deja fuera ambivalencia en torno al régimen tributario y tampoco habría persecuciones arbitrarias. Aquí lo que se va a imponer es el cumplimiento de la ley y la persecución al enriquecimiento ilícito en el país, con el objetivo de que nos situemos como una nación modelo a nivel internacional, que se hable públicamente que en República Dominicana no hay espacio para el lavado de activos”, aclaró.
Expuso que lo que se espera del sector empresarial, especialmente del Conep, es la mayor colaboración con esta nueva ley: “No queremos un choque, sino su colaboración para su implementación y que es requerida en organismos internacionales” reiteró.
El congresista representante por la provincia de Santiago subrayó que los legisladores están actualizando al país respecto al tema: “Si los empresarios de otras partes del mundo han estado atendiendo al llamado de esta ley, esperamos que el Conep entienda que aquí todo el mundo anda como Juan por su casa, y que no ha habido controles efectivos para prevenir la corrupción y enriquecimiento ilícito”, apuntó.
Demóstenes Martínez dijo que esta norma lo que viene es a regular de manera eficaz y oportuna la práctica del lavado de activos y demás tipificaciones.
Al respecto, el viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, quien participó hoy en la reunión de la comisión de Justicia, explicó que los delitos tributarios están tipificados y descritos en la ley, y que esos delitos en otros países tienen una jerarquía mayor, al Citar a los Estados Unidos, donde tiene mayor consecuencia el incumplimiento de esta normativa.
“Con esta ley estamos evitando que los delitos fiscales que van en contra del ciudadano, no queden impune y tengan su debida penalización”, explicó Jiménez.
Mientras que Orlando Espinosa, presidente de la Comisión de Interior y Policía del hemiciclo, quien participó en la reunión, señaló que la Ley 72-02, actualmente se conoce en el Senado, con el objetivo de derogarla, pero la que está siendo conocida por los diputados es más excluyente: “Mientras a un funcionario se le obliga hacer una declaración de bienes, a un empresario que adquiere un vehículo de lujo no se le conmina a presentarla, a pesar de ser un agente de retención”, puntualizó.
Espinosa aseguró que: “hemos sido muy permisivo y hay que ir cerrándole la brecha al crimen y delitos financieros. Aquí debería existir la auditoria visual, como es que un funcionario va a su pueblo en un helicóptero”, sostuvo.
Posición del Conep
En una carta enviada a las comisiones que estudian la iniciativa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró que la inclusión de la evasión fiscal como causa de una infracción de lavado de activos podría dar lugar a un uso arbitrario de la ley, ya que no existe una definición universal aceptada de delito tributario o evasión fiscal y podría dar lugar a interpretarse el incumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales con defraudación grave fiscal.
Asimismo la entidad comparó que en la mayoría de los países de la región los delitos como la evasión no son considerados como infracciones precedentes al lavado de activo, salvo que se haya comprobado el dolo.
Aumenta las sanciones penales y duplica multas
Se recuerda que el Senado también estudia un proyecto de modificación a Ley sobre lavado de Activos, sometida por el Poder Ejecutivo, el cual aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito y además castiga el financiamiento del terrorismo. La pieza busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.
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