El MotínEn nuestro país es un privilegio estadístico alcanzar el nivel doctoral. En el último año, solo 1.349 personas obtuvieron ese título académico, lo que equivale a 25,6 graduados por millón de habitantes.
Esa desproporción ayuda a dimensionar la gravedad de lo ocurrido en una universidad pública del norte de Bogotá, donde un trabajo para optar a ese grado terminó en un conflicto institucional por el uso indebido de inteligencia artificial, abriendo un debate urgente sobre el lugar que esa tecnología ocupa en la educación superior colombiana.
La gestora de investigación de la universidad interpretó su reparo como un cuestionamiento a la transparencia de los procesos académicos, según dice.
El caso llegó a discutirse en un comité doctoral, pero el docente ni siquiera fue invitado a esa reunión. Al finalizar el semestre, recibió una llamada notificándole que no continuaría en la institución. “Entendí que había una respuesta institucional de respaldo al director del programa (…) El coordinador académico decía que la cultura institucional allí es así, que debía entender. Es decir, son incuestionables”, resume.
Síntoma de un problema difícil de admitir
El conflicto no solo expone tensiones internas, sino una realidad más amplia: el uso extendido y la falta de crítica de las herramientas generativas en la academia.
“Ya los estudiantes ni siquiera consultan Google, sino a ChatGPT. No han desarrollado sentido crítico, así que creen totalmente las respuestas”, afirma el docente, que recordó también un episodio en un curso de pregrado que ilustra la magnitud del problema: en un examen sobre historia política, más de quince estudiantes respondieron exactamente lo mismo, pero repitiendo un error garrafal.
“Hubo respuestas iguales en dos grupos diferentes, pero todas incorrectas. Esa era la respuesta que daba ChatGPT, pero en Google y Wikipedia sí estaba la correcta. Parece que muchos ya no usan esas plataformas básicas”, comenta.
Lo ocurrido no es un caso aislado. Hay episodios recientes en la prensa y la justicia colombiana que revelan la fragilidad de un ecosistema que antes confiaba en filtros humanos de verificación.
La publicación de noticias con fuentes inexistentes de parte del diario El Espectador, fallos judiciales basados en sentencias que nunca ocurrieron y documentos oficiales con párrafos generados por error evidencian que la confianza en la solidez lingüística de estos modelos supera, muchas veces, la capacidad de revisar su contenido.
El debate pedagógico avanza lentamente a nivel mundial y Colombia no es la excepción. Para algunos expertos, como el profesor Raúl Ramos Pollán, de la Universidad de Antioquia, el riesgo no está en prohibir o permitir, sino en “aprender a usar estas tecnologías sin que suplanten el proceso formativo”.
