RedacciónLa Corte Suprema de Brasil se apresta a decidir el destino de Lula da Silva y su cargo ministerial. El adelanto de la posición negativa de uno de sus magistrados, Gilmar Mendes, impide que el ex mandatario ejerza desde el martes, como esperaba, la jefatura de gabinete. Es el primer fallo suspensivo desde que se inició este tira y afloje entre el Ejecutivo y la Justicia. De modo que en su plenario la Corte Suprema brasileña de once miembros deberá decidir si el lider del PT puede ejercer esas funciones que los posicionan como un virtual primer ministro. Para ese cargo juró esta semana, pero se amontonaron decenas de pedidos al Supremo para que lo inhabilite.
El próximo plenario puede ocurrir este miércoles, antes de Semana Santa. Algunos medios brasileños apostaban a que deberá ser el 30 de este mes, precisamente por esos feriados.
Fueron precisamente los partidos del arco opositor, el PPS (socialismo ex comunista) y el PSDB (la socialdemocracia), los que presentaron una de las demandas ante el Supremo Tribunal Federal para que se anulara el nombramiento del líder del PT. A partir de eso, Gilmar Mendes determinó por una “orden judicial provisoria” que Lula no podrá ejercer su función hasta que la Corte lo decida. Hizo algo más: instruyó (también provisoriamente) a que la causa contra Lula por supuesta corrupción, fuera devuelta al juez federal de primera instancia Sergio Moro, el investigador del caso Lava Jato. Este ya había remitido toda la documentación al STF.
La oposición, que quiere ver a Lula fuera del gobierno y sometido a la justicia ordinaria, se basó en un argumento para solicitar a Mendes una medida llamada “mandato de seguridad”, que sólo existe en Brasil según afirman los grandes juristas. Sería algo así como un “habeas corpus” contra decisiones “abusivas” del Poder Ejecutivo
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