Amaurys FlorenzánEl sistema de Justicia dominicano se ha visto asediado por diferentes sectores de la sociedad, debido a los constantes dictámenes emitidos por jueces en casos de corrupción, crímenes y narcotráfico, donde los imputados han salido por la «puerta grande», pese a que las pruebas presentadas en su contra hablan por sí solas.
Los cuestionamientos al Poder Judicial fueron más severos por la agilidad de algunos jueces en descargar a exfuncionarios del Estado acusados de corrupción, pese a los informes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), que señalan múltiples irregularidades en el gasto de recursos del erario público sin justificar.
Ante la falta de transparencia en los procesos judiciales, las manifestaciones contra la corrupción en administración pública, y el cese de la impunidad, comenzaron a desarrollarse en todo el territorio nacional y en el exterior.
La indignación en la mayoría de la población ha provocado una amplia desconfianza en el sistema de justicia del país.
CPJ se sacude
Ante las fuertes críticas, el Consejo del Poder Judicial (CPJ), inició un proceso de saneamiento “relámpago” confirmando la destitución del juez del Tribunal de Ejecución de la Sanción de la Persona Adolescente de San Pedro de Macorís, Efraín Silva Mercedes, por “faltas graves” en sus funciones.
Recientemente, el CPJ volvió a “tronar” cinco magistrados suspendiéndolos de sus funciones por supuestas faltas graves en el ejercicio procesal.
La resolución 47-2015 emitida este lunes señala, además, que fueron suspendidos los magistrados Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa, por alegadamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones judiciales.
La medida se produce luego de que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dirigiera una instancia al presidente del Poder Judicial en la que le pedía que se investigara la presunta estructura conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares.
Por otro lado, el referido Consejo, presidido por Mariano Germán Mejía, también pidió investigar la decisión donde se deja en libertad de los hermanos Huber Osualdo Buitrago Ruiz, Ángel María Buitrago Vacca y la señora Dersidila Ambalina Patrone Ortiz.
Procurador critica
En varias ocasiones el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, realizó duras críticas a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por los constantes fallos a favor de sectores vinculados a la criminalidad y el narcotráfico.
Brito advirtió que la justicia debe ser muy dura contra el crimen y citó los casos de la Torre Atiemar y del regidor de Pedro Brand, este último acusado de sicariato, en los que los jueces han favorecido a los acusados.
El procurador subrayó la responsabilidad de la SCJ ante cualquier investigación que involucre a los jueces y agregó que la posición del Ministerio Público es que contra el crimen organizado no puede haber ningún tipo de tolerancia, “sea cual sea, corrupción, narcotráfico, trata de personas, sea quien sea y cualquiera que sea el tipo del delito.
“Vimos el caso de la Torre Atiemar, el del regidor del PRD Ericsson de los Santos (Ney), acusado de sicariato y otros casos que quizás no vale la pena mencionar. Hay varias decisiones que nos llenan de preocupación”, sostuvo Domínguez Brito.
Protestas
Cientos de personas y organizaciones de la sociedad civil, así como partidos y agrupaciones políticas realizaron vigilias y protestas en el edificio que comparten la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y la Procuraduría General de la República (PGR), contra la corrupción y la impunidad.
La situación provocó la indignación de la diáspora en diferentes países, como España, Estados Unidos, Puerto Rico, donde dominicanos realizaron protestas en demanda de justicia y el cese a la impunidad.
En la provincia Duarte, especialmente en su municipio cabecera de San Francisco de Macorís, los grupos sociales y populares se movilizaron contra la supuesta descomposición en el aparato judicial.
Entre los casos más controversiales se enumeran: los fallos a favor del senador Félix Bautista, acusado por la Procuraduría de la República de cometer varios delitos en la administración pública.
De igual manera se destaca el caso contra el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, señalado por el Ministerio Público de supuestamente defalcar unos RD$400 millones en la Alcaldía de esa ciudad, pero fue favorecido por un tribunal con un dictamen de No Ha Lugar.
En tanto que la acusación contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, señalado por la Fiscalía del Distrito Nacional de supuestamente cometer serias irregularidades en su gestión en esa entidad nunca se concretizó un procesamiento ante los tribunales correspondientes.
Casos civiles
Las sentencias emitidas a favor de imputados por narcotráfico y asesinatos también provocó una amplia repercusión en el seno de la población.
La jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Distrito, Awilda Reyes Beltré, ha sido la de mayor cuestionamiento, según un informe del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que la involucra en manipulación de casos judiciales.
Reyes Beltré es señalada como una de las juezas pertenecientes a una supuesta estructura de poder liderada por Francisco Alberto Valera Arias, extitular del Consejo del Poder Judicial, exJuez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia de Santo Domingo, y quien renunció la pasada semana del puesto.
El 27 del mes de octubre del año 2011, Awilda Reyes Beltré, mediante Resolución No. 206-RO-2011, varió la medida de coerción consistente en prisión preventiva por presentación periódica y garantía económica en la modalidad de contrato de fianza a los imputados Miguel Ángel Espinal Herrera, Félix Evangelista Sánchez Crispín, Freddy Antonio Martínez y Roberto Antonio Mendoza Manzano, quienes estaban acusados de haber violado la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos, Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas.
En un mismo accionar, la juez de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, magistrada Reyes Beltré, mediante sentencia No. 094-2015 (Acción de Amparo) el día 7 del mes de julio del año 2015, ordenó la devolución inmediata al señor José Bacile Bacile, de la aeronave incautada mediante orden judicial de secuestro Cessna 550, matrícula N61MA, cuya propiedad se atribuye al fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luís Santoro Castellanos, investigado junto a 9 personas más por incurrir en acciones de lavado de activos y otras infracciones.
Mediante sentencia No. 151-2015 de Habeas Corpus, la jueza Awilda Inés Reyes Beltré, ordenó la inmediata puesta en libertad del regidor del municipio Pedro Brand de la Provincia de Santo Domingo, Ericsson de los Santos Solís, alias Ney, declarando arbitraria su privación de libertad.
Piden Investigar
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), coincidieron en que las autoridades judiciales, una vez que cancelen a un juez por razones cuestionadas, deben dar importancia a investigar el proceder del exfuncionario para imponer mayores sanciones.
“La función del juez es una función pública y, de una u otra forma, las acciones, y lo que eventualmente se pueda decir de un magistrado, la sociedad tiene derecho a conocerlo”, afirmó Servio Tulio Castaño, vicepresidente de la Finjus.
El presidente de la Adocco, Julio de la Rosa, también entiende que se deben investigar por igual las razones que mueven a la renuncia. Le preocupa que a cuatro meses de las elecciones del Consejo del Poder Judicial, dimitiera recientemente su miembro Francisco Arias Valera, alegando que se dedicará “a otras actividades laborales en el ejercicio del Derecho”.
Diputados saludan medidas
Diputados de los diferentes partidos con representación en la Cámara Baja expresaron su respaldo a la decisión del Poder Judicial de suspender e investigar a varios jueces acusados de cometer faltas graves en el desempeño de sus funciones.
Henry Merán, del Partido de la Liberación Dominicana, acotó que las investigaciones deben ampliarse para determinar si existen otros actores involucrados en dichos casos.
En tanto que el diputado renunciante por el Bloque Institucional Social Democrático (BIS), Luisín Jiménez, dijo que las indagaciones no deben quedar en la judicatura y presentar documentos de sus fortunas, sino que debe indagarse a otros estamentos del poder: “El problema de la justicia no son simplemente los jueces, muchas veces el Ministerio Público prepara un expediente ¨intestinalmente¨ para que se caiga en los tribunales”, puntualizó.
De su lado, el vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, expresó que hay falta de credibilidad en el Poder Judicial, que surge de la ausencia de sentencia ejemplarizante en el manejo de casos de corrupción en la administración pública y en el narcotráfico: “El caso de los pilotos franceses y otros, donde las fallas procesales han salido a la luz pública, diseñada desde el origen o sentencias que no se corresponden con el espíritu de la legislación, sino con el interés particular de los magistrados en contubernio con el crimen organizado”, aseguró.
En iguales términos se pronunció Nelson Arroyo, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien expuso que es necesario revisar muchas cosas en el país, y no solamente en la Suprema Corte de Justicia, sino también a nivel del Ministerio Público y del Gobierno: “No puedo acusar a esos magistrados; lo que yo lamentaría es que esa situación sea una caricatura, que son muchas de las cosas que ocurren y finalmente se quedan como si nada”, concluyó.
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