RedacciónSanto Domingo.-El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) manifestó este lunes su preocupación y rechazo a la aprobación del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas por parte de la Cámara de Diputados, el cual acaba de ser pasado al Senado.
En una carta a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, el organismo que agrupa a los principales empresarios del país explica que este sector, al igual que otros de la sociedad dominicana, ” viene albergando importantes inquietudes ante las reiteradas manifestaciones de deterioro institucional que evidencian nuestros partidos políticos”.
Dice que a los empresarios preocupa, asimismo, “las cada día más frecuentes denuncias de acusaciones de infiltración de dinero de dudosa fuente, en el financiamiento de las campañas electorales”.
Dice que su preocupación se sustenta en la íntima relación que existe entre la estabilidad democrática, el desarrollo sostenible y la paz social, las cuales requieren de un sistema de partidos coherente que con estabilidad sea capaz de canalizar las aspiraciones sociales, políticas y económicas del país.
“Luego de un profundo análisis hemos llegado a la conclusión que, de convertirse en ley ese proyecto, el país quedaría desprovisto de esa norma a que aspiramos todos, que fomente el desarrollo de partidos ordenados, institucionales y transparentes”, expresa.
Indica que está convencido que adoptarse el proyecto, tal y como le fuera sometido al Senado, el resultado final que la sociedad obtendría sería la profundización de la opacidad en la que actúan los partidos políticos y harían más difícil que los organismos competentes, esencialmente la Junta Central Electoral, puedan ejercer un efectivo control sobre las prácticas ilegales y distorsionadas que predominan en la actualidad.
El comunicado del CONEP, firmado por su presidente Rafael Blanco Canto, asegura que el proyecto lejos de constituir un avance institucional, reproduce y da permanencia a las debilidades que de hecho hoy existen en los partidos, dado que no se corrige la falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos; las escasas oportunidades de participación de la mujer en el liderazgo de la vida política-partidaria y la falta de control de la idoneidad de los candidatos propuestos por los partidos.
Sostiene que tampoco se corrige el mantenimiento de influencias y posiciones de favoritismo en el aparato estatal y la baja calidad de la formación política en su seno, entre otras cosas.
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