Amaurys FlorenzánContinuaron este miércoles los dimes y diretes entre las organizaciones de la sociedad civil, empresarios y notarios, a favor y en contra de la aplicación de la Ley que regula el ejercicio notarial y crea el colegio de esa profesión.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Asociación Bancos Comerciales, la Cámara Americana de Comercio (Amchamrd), Justicia y Transparencia (FJT), calificaron hoy la nueva Ley de Notarial como un atentado jurídico contra libre contratación al imponer tarifas y que distorsiona las funciones públicas del notario.
Las entidades hicieron estos planteamientos durante un encuentro organizado por el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes criticaron la nueva Ley de Notarial.
Marisol Vincens, en nombre del Conep, dijo que esa Ley crea un monopolio al congelar el número de notario que ofrecerían sus servicios, tras señalar que esa medida es alarmante al disponer que se asigne un notario por cada 10 mil habitantes y que en los municipios donde la población no alcance los 10 mil solo habrá dos notarios.
De igualmente forma, Vincens expresó que esta Ley ocasionaría grandes inconvenientes en el quehacer de negocios no solo por los altos costos que representa, sino porque obliga a que los actos sobre inmuebles tengan que se instrumentados por notarios de la jurisdicción donde están radicados los inmuebles.
Añadió que esto viola el principio cardinal de la autonomía de la voluntad y sin tomar en consideración que en muchos casos los contratos pueden versar sobre inmuebles radicados en distintas jurisdicciones.
Aseguró que esto obligaría a personas residentes en un lugar a trasladarse a lugares donde se encuentran ubicados los inmuebles, lo que es no solo es absurdo y costoso, sino que imposibilitaría numerosas transacciones inmobiliarias.
De su lado, la representante de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamrd), María Esther Fernández, enunció que la Ley Notarial no ha llenado las expectativas que debería tener
esta regulación, y que por el contrario distorsiona la función del ejercicio de la práctica notarial, elementos esenciales y rectores del ordenamiento legal.
Agregó que desconoce el derecho y acceso que tienen los ciudadanos, tanto en los servicios notariales, no solo en el orden comercial, sino de orden civil, así como al acceso jurídico.
Sostuvo que esta nueva Ley es un atentando autonomía de la voluntad, porque crea situaciones de exclusión, en cuanto a la fijación de la tarifa y en cuanto a la escogencia del notario, que incluye esa limitación al propio Estado dominicano. “Cuando establece que todos los servicios notariales que se han generado por cualquier de las instituciones de la administración pública e incluso de aquellas donde el Estado sea mayoritario debe de ser requerido ese servicio mediante el Colegio de Notarios, administrará, asignará y presentará el reglamento que regirá esa asignación al Poder Ejecutivo”, explicó.
Mientras que el representante de la Finjus, Julio César Castaño Guzmán, sostuvo que la nueva Ley de Notarios crea distorsiones al quitarle funciones a los jueces de paz y a los aguaciles.
También considera que la función notarial de los cónsules y vicecónsules ha sido impactada por la Ley 140-15, relativo las funciones de estos, y establece que los actos de estos funcionarios, al momento de ejercer la función notarial, deben acogerse a las exigencias por la nueva disposición legal.
La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), pronunció que esa Ley perjudica a esa entidad: Si se va a vender una casa en Punta Cana, otra en Montecristi y otra en la Capital, esa entidad tendría que tener tres notarios diferentes, cuando un solo notario puede hacer dichos actos”, puso como ejemplo.
Señaló que el gobierno se ha concentrado en las viviendas de bajo costo, con esta Ley, una casa que vale 500 mil pesos, tendría el adquiriente tendría que pagar adicional 25 mil pesos, lo cual representa un 5% del valor de la vivienda.
Notarios
De su lado, el presidente del Colegio Dominicano de Notarios (CDN), Pedro Rodríguez Montero, puntualizó que se está mintien
do al país, ya que la Suprema Corte de Justicia (SCJ), nombra a los notarios por jurisdicción.
Rodríguez Montero citó que la propia SCJ ha suspendido a notarios por actuar fuera de su jurisdicción.
Aclaró que una entidad o una persona tienen tres inmuebles, no puede incluir en un solo acto, porque si uno tiene problema, entonces afectara los otros.
El presidente de CDN expresó que todos los han dichos estas instituciones están en la vieja Ley 301, esta establece que un notario debe cobrar 25 pesos, y ahora la nueva legislación dice que debe cobrar mil pesos.
Sustentó que con esta Ley se va evitar que la persona pueda hacer negocios, sin que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se entere.
Diputado Báez
Mientras que el vocero del bloque de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez, comentó que se invitó a todos los sectores que tienen desacuerdo con la Ley 140-15, de Notariado y crea el Colegio de Notarios.
Añadió que el bloque de diputados del PLD quieres escuchar a todos los sectores para conocer su opinión, para valorar su contenido en su justo dimensión al momento debatir, reconsiderar y promover cualquier tipo de reforma a la referida legislación.
Báez sostuvo que el propósito de este encuentro es socializar el proyecto antes de ser presentado al pleno de la Cámara de Diputados.
