RedacciónSanto Domingo.-El Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional se sumo este martes a organizaciones, instituciones y personalidades que rechazan las modificaciones que ha propuesto hacer el Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a las Ruinas del Monasterio de San Francisco.
Los ediles acogieron la propuesta presentada por los regidores del Waldys Taveras y Alex Núñez del Partido Revolucionario Moderno (PRM)) y de Consuelo Despradel y Cesar Cabrera, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)), en la que solicitan la suspensión “de cualquier actividad o intervención” que modifique la actual estructura de la Ruinas de San Francisco como fue anunciada por Turismo y el BID.
Los reidores argumentan que esa propuesta de modificar las ruinas aun no ha sido ponderada por los organismos internacionales que regulan los monumentos patrimonios de la humanidad, ni cuenta con la consulta ciudadana y los permisos municipales, por lo que le otorgaron poder al alcalde Roberto Salcedo para que interpongan la acción de amparo preventivo que impida el cambio de la estructura de ese patrimonio de la humanidad.
Indican que resulta violatorio a la Constitución y a las leyes la licitación pública y la adjudicación realizada por el Ministerio de Turismo, para modificar las ruinas de San Francisco y que esa pretensión es violatoria al artículo 199 de la carta magna, que establece que el uso de suelo es una competencia de los ayuntamientos y la ley 6232/63 de planificación urbana.
Asimismo, sostiene que esa resolución dispone que las oficinas de planificación urbana son las encargadas de la emisión previa revisión y declaración de conformidad con las leyes y requisitos vigentes, todos aquellos permisos relativos o cualquier tipo de construcción, reconstrucción, alteración, ampliación, traslado, demolición, uso o cambio de uso de uso de edificaciones y estructuras.
En su ordenanza el concejo municipal hace referencia a una reciente decisión numero 226/2014, del tribunal constitucional que en su página 13 interpreta el alcance del articulo 199 de la constitución señalando que Conforme a lo establecido en la Ley número 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, corresponde a los ayuntamientos, a través de su Concejo Municipal, autorizar los usos de suelos y edificaciones en el territorio de la provincia a que pertenecen.
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