RedacciónEl presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), reverendo Fidel Lorenzo Merán, se mostró de acuerdo en que los funcionarios que aún no han entregado la declaración jurada de bienes sean tomados como renunciantes y deploró que se tenga que llegar al extremo de que el Presidente de la República lo requiera compulsivamente y de manera pública.
Lorenzo Merán explicó que es una responsabilidad individual de cada funcionario cumplir con el voto de la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, ya que de esta manera se contribuye a la transparencia. “Es preocupante que el Presidente tenga que llegar a esos extremos para que sus funcionarios cumplan con su declaración de bienes”, dijo.
Señaló que también sería conveniente que de manera efectiva se crucen las informaciones con la Dirección General de Impuestos Internos, para constatar si también tienen deudas con el fisco.
Indicó que los funcionarios públicos tienen el deber de demostrar que serán honestos en el ejercicio de sus funciones, porque manejan parte del patrimonio del Estado y que ese régimen legal está en todos los países en los cuales la ética en la función pública se valora mucho.
Explicó que en algunos países como por ejemplo Francia, van más lejos: Todo candidato que se presente en Francia a las elecciones tiene la obligación de entregar al Consejo Constitucional, el máximo órgano constitucional del país, su declaración patrimonial, que será publicada solo en caso de que gane los comicios, y también al término de su mandato.
Recordó que la Constitución de la República Dominicana en su artículo 146, numeral 3, establece que es obligatoria la declaración jurada de bienes los funcionarios públicos.
Además, el artículo 2 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio refiere y precisa los funcionarios públicos que quedan obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio, según recordó el funcionario.
El presidente de Codue se refirió en esos términos, ante el anuncio del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, de que los altos funcionarios que aún no han entregado su declaración jurada de bienes tienen como plazo el próximo 30 de noviembre.
Montalvo también dijo que los que sean considerados incumplidores del requerimiento legal, serán tomados como renunciantes a sus posiciones estatales.
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