RedacciónEl Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), objetó la comisión formada por el decreto del Poder Ejecutivo No. 6-17 para investigar la licitación y adjudicación de la construcción de Punta Catalina.
Manifestó que aunque el decreto es la primera vez que las autoridades reconocen que existen graves irregularidades en el contrato de Punta Catalina como lo había denunciado la entidad desde febrero del año 2015, considera que la comisión designada no garantiza una investigación independiente y exhaustiva.
Expresó que una comisión en la que figuran antiguos ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), con dudosas actuaciones en la dirección de esta corporación, y uno de ellos implicado directamente en un contrato de 300 millones de dólares adjudicado a Oderebrecht, es muy difícil que esclarezca la corrupción de Odebrech y de funcionarios públicos en el proyecto de Punta Catalina.
Indicó el colectivo que la primera medida que debió incluir este decreto es la paralización de la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina y la rescisión del contrato de Odebrecht en esta obra.
Dijo que después de la confesión realizada por Odebrecht ante la Corte judicial del Condado del estado de Nueva York el 21 de diciembre pasado, cualquier investigación que se haga de los contratos adjudicados a esta empresa en el país es para determinar los detalles de la corrupción efectuada, y no para establecer su culpabilidad que ya ha sido aceptada por ella misma.
Planteó que al decreto no disponer la inmediata paralización de Punta Catalina y la rescisión del contrato de Odebrecht en este proyecto, en aplicación de los artículos 11, 14, 65 y 66 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, esta investigación luce más como una maniobra dilatoria ante la repulsa y el movimiento de protesta que han desatado el escándalo de las acciones ilícitas de la empresa brasileña en el país y en otros once en América Latina y África, que una acción para identificar y castigar a todos los culpables de actos de corrupción cometidos en la licitación, adjudicación y ejecución de este contrato.
Señaló que la Presidencia de la República no puede crear una comisión de investigación que dilate la aplicación de lo que ordena la Ley 340-06 que indica claramente que ante la perpetración de actos ilícitos como el soborno, los procesos de licitación se invalidan y si se han celebrado contratos, éstos se deben rescindir, así como inhabilitar las empresas que cometan este delito.
“Exigimos del Presidente de la República, Danilo Medina y de las demás autoridades que manifiesten claramente su voluntad de combatir la corrupción y la impunidad, así como la identificación de los culpables de delitos de corrupción para ser castigados penalmente”, afirmó.
Aseguró que la sociedad dominicana demanda que todos los contratos de Odebrecht sean rescindidos, que a esta empresa se le prohíba de forma permanente suscribir nuevos contratos con el Estado dominicano, se recupere el dinero de los sobornos, de las sobrevaluaciones de las obras y de las ganancias ilícitas de esta empresa, y se condenen a penas de prisión a los funcionarios corruptos que colaboraron en este fraude contra el pueblo dominicano.
Afirmó que la actuación del gobierno y de la Cdeee en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina fue siempre carente de transparencia y constituyó un abuso de poder.
“En Punta Catalina, el gobierno realizó acciones abiertamente ilegales como construir esta obra en terrenos privados bajo acuerdos que son secretos, y tomar recursos públicos no contemplados en el presupuesto general de la nación para financiar este proyecto,” expuso.
Demandó que además de Odebrecht, se debe investigar al gobierno que incurrió en acciones ilegales en la concesión de este contrato y en la ejecución de esta obra que comprometen la responsabilidad de autoridades más allá de los funcionarios directamente relacionados con Punta Catalina.
El Comité hizo un llamado a la población y a todas las organizaciones que convocaron la marcha popular por el fin de la impunidad, mantener y aumentar la presión sobre el gobierno para que estos bochornosos hechos sean verdaderamente esclarecidos y castigados. “Todos a manifestarnos contra la corrupción y la impunidad el domingo 22 de enero partiendo de la intercepción de las Avenidas Máximo Gómez esquina 27 de febrero hasta el Palacio Nacional”, exhortó.
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