RedacciónEl Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, emplazó este viernes al ministro de Hacienda, Donald Guerrero a que informe al país sobre la situación del arbitraje interpuesto por Odebrecht ante la corte internacional de Nueva York contra la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y el Gobierno dominicano, por alegados sobrecostos en la construcción de Punta Catalina que ascienden a US$708 millones.
El colectivo afirmó que desde hace varias semanas circulan insistentes rumores tanto en el país como en los EUA, que indican que la corte internacional de Nueva York habría emitido el fallo sobre el arbitraje interpuesto por Odebrecht y que la decisión fue contraria a la República Dominicana.
“Organizaciones amigas y socias de nuestro Comité en los EUA se han comunicado con nosotros inquiriéndonos confirmación al respecto, porque bancos que están en relación con ellos en la lucha por la desinversión en carbón mineral les han comunicado que han recibido información de que se emitió la decisión de este arbitraje”, agregó.
Dijo que igualmente una organización hermana que actúa ante el Departamento de Justicia de los EUA en Washington, también manifestó que se comenta esta información entre funcionarios de esta dependencia del Gobierno norteamericano.
“Nos dirigimos al ministro de Hacienda, Donald Guerrero para que confirme o desmienta si el Gobierno dominicano recibió la decisión sobre el arbitraje interpuesto por Odebrecht, ya que ha sido el único funcionario que ha respondido a una información de nuestra organización aunque haya sido para desmentirla”, argumentó.
Planteó que la única manera de confirmar si la decisión sobre el arbitraje fue evacuada es a través de la declaración de las partes involucradas, ya que el fallo de esta corte es secreto y únicamente se comunica a los litigantes.
Consideró que la nación dominicana tiene el derecho de que se le informe si este fallo ha ocurrido, y si esta decisión es contraria a los intereses del país, que se ofrezcan los detalles de la cantidad de dinero que se le deberá pagar a Odebrecht.
“Todo el comportamiento del Gobierno y de la Cdeee en las últimas semanas cobra sentido a partir de que se haya producido el laudo arbitral y que éste sea contrario al país», expuso.
El colectivo indicó que por eso la premura de la venta de una parte Punta Catalina, el poder especial otorgado por el Poder Ejecutivo a Jiménez Bichara para que pueda conceder contratos sin licitación a los grandes generadores eléctricos, así como el anuncio no materializado del encendido de una de las plantas de Punta Catalina y finalmente, la intempestiva convocatoria y desconvocatoria en menos de 48 horas a la firma del Pacto Eléctrico.
Señaló que el Gobierno y la Cdeee desde hace varias semanas están dando muestras muy claras de estar acorralados en la situación de Punta Catalina.
Recordó que a principios del mes de octubre pasado, el Presidente Danilo Medina hizo venir al país al presidente de Odebrecht, Luciano Nitrini Guidolin para celebrar un encuentro secreto con él.
“De esta reunión no salió ningún acuerdo que hiciera desistir a Odebrecht de mantener su reclamo de US$708 millones por supuestos sobrecostos incurridos por la empresa en la construcción de Punta Catalina ante la corte de arbitraje internacional de Nueva York”, informó.
Por otra parte, la entidad advirtió que el próximo sábado la Cdeee y el Gobierno harán “un amaraco” en Punta Catalina para intentar tapar el ridículo de no prender una de las plantas el 15 de febrero pasado como se había anunciado con “bombos y platillos”, en presencia del Presidente Danilo Medina.
“Reiteramos que Odebrecht no entregará terminada y en funcionamiento a Punta Catalina hasta que le paguen los reclamos por sobrecostos y la deuda que el proyecto tiene de US$720 millones con suplidores de equipos eléctricos de los EUA que fuera avalada por Tecnimont, y menos ahora si cuenta a su favor con un laudo arbitral”, indicó.
Expresó que la complicidad del Gobierno con la mega corrupción de Odebrecht en la construcción de Punta Catalina ha impedido que rompa el contrato con esta empresa aplicando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, y que finalmente le pague el dinero que ésta reclama.
Manifestó su resuelta oposición a que el pueblo dominicano sea quien pague el dinero reclamado por Odebrecht, y que por el contrario se haga definitiva de por vida la cancelación del registro de esta empresa como proveedora o contratista del Estado dominicano y se pongan término inmediato a todos sus contratos en el país, comenzado por el de Punta Catalina.
