RedacciónEn su informe anual sobre las violaciones de los derechos individuales en República Dominicana, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu), expresó que aunque gran parte de la violencia en el país se atribuye al alto grado de actividad delictiva de las pandillas, un importante porcentaje de los homicidios que se produjeron durante el 2014 fueron ejecuciones por parte de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran), y la Policía Nacional (PN).
También consideró preocupante el incremento de las extorsiones por parte de agentes de la DNCD a jóvenes residentes en los barrios pobres del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y otras, de las cuales en los tribunales han tenido que poner en libertad a muchos de esos jóvenes apresados, torturados y luego sometidos a la acción de la justicia por drogas narcóticas.
Indicó que la impunidad en los casos de denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía es motivo de especial preocupación para el Conadehu.
Precisó que además el excesivo uso de la fuerza, no lo desarrolla exclusivamente las unidades policiales, sino miembros de los organismos investigativos del Estado, «y como es bien sabido por todos, el Conadehu, cuenta en su banco de datos con números y casos de personas a quienes le han colocado drogas y armas”.
No obstante esta problemática, explicó que instituciones como la Policía Nacional dan muestras fehacientes de avance efectivo en la protección y respeto de los derechos humanos con el sometimiento a la justicia de cientos de sus agentes acusados de este tipo de delitos y la separación de sus filas de otros tantos, lo que nos alienta a seguir adelante y estimular que las futuras jefaturas de la institución continúen la senda trazada por la administración que encabeza el mayor general Manuel E. Castro Castillo, “que a nuestro entender aplica una política de cero tolerancia a la transgresión de las prerrogativas ciudadanas por parte de sus subordinados”.
Justicia
El Conadehu expresó que existe una amplia desconfianza sobre falta de independencia del Poder Judicial y las denominadas altas cortes. Añadió: “Además es preocupante para nosotros como organismo de derechos humanos, la notable falta de independencia interna del poder judicial…».
Segregación
Sostuvo que la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género es sistemática en el país, y que la discriminación contra los miembros de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, quienes enfrentan la estigmatización política y jurídica, violencia e imposibilidad de acceso al sistema de justicia, además de intimidación, violencia y presiones en sus hogares y comunidades; así como asesinatos que nunca son resueltos por las autoridades competentes y en algunos casos que han sido flagrantes, solo duran meses.
República Dominicana fue uno de los primeros países que ratificaron la Convención de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 30 de marzo de 2007; no obstante, el organismo que crea esa ley, no cuenta con un plan para abordar de manera integral los derechos y otras consideraciones sobre la discapacidad a lo largo de las próximas dos décadas, por lo que es necesario tomar medidas importantes para hacer frente de manera adecuada a los desafíos que enfrentan las personas con capacidades distintas en nuestros país.
Las comunicaciones, la educación y el acceso a edificios, además de ciertas actitudes en la sociedad que podrían estar basadas en la ignorancia y la discriminación, uno de los obstáculos más difíciles que enfrentan las personas con discapacidad es en la búsqueda de empleo, donde hasta el mismo estado incumple con la cuota del 5% de la empleomanía para ser destinadas a personas con capacidades distintas. Las personas capacidades mentales distintas, se ven afectadas además por la falta de atención adecuada en los centros de salud mental.
Informe integro:
Frente a un mundo en rápida evolución y a los desafíos que la globalización presenta, muchas veces parece que nuestro país no logre estar plenamente al paso con los tiempos.
Vivimos en una sociedad extremadamente contradictoria, en la cual los avances innegables registrados en muchos sectores y en algunos aspectos de nuestra realidad, lamentablemente chocan con los datos preocupantes de la pobreza y de la pobreza extrema que se conocen en nuestro país.
Ejemplo de esto es la situación de la salud. En este año 2014 el virus de la chikungunya puso de rodillas a la República Dominicana, con unos 50 mil casos detectados según las cifras del Ministerio de Salud Pública, pero que sobrepasaron el millón de acuerdo con declaraciones del Colegio Médico Dominicano.
El virus de la chikungunya y la muerte en un fin de semana de 11 niños en el principal hospital del país puso de relieve las precariedades del sistema sanitario nacional, siendo ejemplo que en la mayoría de los hospitales el agua y el suministro de energía eléctrica son precarios.
A pesar de un gran desempeño económico, tanto el Banco Mundial que varias ONG señalan que la pobreza hoy en día en el país es más alta que hace una década.
La sociedad dominicana sigue permeada por una inequidad estructural que no coincide con la imagen paradisíaca que se quiere presentar a los ojos de la comunidad internacional, sobre todo por lo que concierne a las inversiones extranjeras y el sector turístico.
Por un lado nos presentamos como el país que “lo tiene todo”, pero por otro son las mismas instituciones públicas y las autoridades que nos alejan de la comunidad internacional y nos ponen de espaldas a los países civilizados como ocurrido con las sentencias n. 168-13 y n. 256-14 del Tribunal Constitucional.
La ciudadanía vive en un clima permanente de inseguridad, en todos los aspectos de la vida cotidiana. El suministro de energía es inconstante e insuficiente para el normal desarrollo de la vida cotidiana en los hogares y por las actividades de la empresas, el suministro de agua es de pésima calidad y su distribución inequitativa refleja la injusticia social que reina soberana en nuestro país, el sector salud vive una profunda crisis económica y estructural, esto solamente por enumerar algunos de los renglones principales. En línea general los servicios públicos son afectados por profundas deficiencias económicas y estructurales y por la corrupción que reina en la administración pública.
Sin embargo, más que por todo esto, lo que más atemoriza e indigna la población, son los altos índices de criminalidad y violencia en las calles, llegando al punto que los ciudadanos se limitan en sus actividades, en su recreo, en su derecho constitucional a la libre circulación por el miedo, creando así un circulo vicioso en el que las calles se quedan aún más aisladas, vacías, completamente abandonadas en las manos de la delincuencia de todo tipo y por ende, aún más peligrosas.
Solamente este año se produjeron en el país sobre las 1,300 muertes violentas, y de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República las provincias más pequeñas del país son las que han registrado una mayor tasa de homicidios: Independencia, Peravia, El Seibo, Pedernales, y Espaillat, mientras que las de menor tasa de homicidios, por cada cien mil habitantes, se registraron en las provincias Sánchez Ramírez, Azua y Valverde.
La fuerza de seguridad pública, lamentablemente, lejos de ser vista y percibida como un aliado de la ciudadanía en la lucha contra la criminalidad, muchas veces se convierte en su peor enemigo.
Hay que resaltar que las políticas de mano dura y un cierto grado de “populismo penal”, sin la implantación de políticas sociales y económicas que mejoren la situación desde la raíz de los problemas, lo que hacen es llenar las cárceles del país provocando al interno de ellas situaciones explosivas.
La corrupción, sobre todo a nivel de la política y de la administración del Estado, es enorme y descarada, y se hace fuerte por la impunidad que reina soberana en las aulas de los tribunales.
Respecto al Índice de Percepción de la Corrupción, dato que publica la Organización para la Transparencia Internacional, en la Republica Dominicana este ha sido de 32 puntos, colocándonos en el puesto 115 de los 175 abarcados por este estudio, donde los países en los que hay menor percepción se sitúan en los primeros puestos de la lista.
La corrupción es de hecho percibida por la gran mayoría de la población como un verdadero flagelo que afecta la democracia y el Estado de Derecho, sin embargo, propio por el hecho de que se ha infiltrado prácticamente a todos los niveles del aparato de Estado y del partido oficialista prácticamente se hace imposible debelarla.
El sicariato ha cobrado fuerza, lo que ha llevado a tipificar esta figura criminal en la reforma del Código Penal recientemente aprobada en el Congreso de la República. Sin embargo hay evidencias, y el mismo Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ha tenido que admitirlo recientemente, que “la mayoría de los sicarios al servicio de los narcotraficantes eran policías que salieron de la institución del orden, pero que en el ejercicio de sus antiguas funciones se dedicaban a matar” .
Pero lo fenómenos que más nos preocupan como organismo defensor de los derechos humanos, son la criminalización de la pobreza y la criminalización de la protesta social. Se dan casos de justos reclamos de la población que sale a la calle a expresar su repudio frente a situaciones insostenibles de falta de luz, de agua, de seguridad. Tal vez la protesta se expresa quemando gomas o paralizando el tráfico, acciones que aunque no sean permitidas, no causan daños mayores, sin embargo el pueblo encuentra como única respuesta por parte del Estado, solamente las balas y los perdigones de la Policía Nacional.
La situación carcelaria en la República Dominicana merece un renglón a parte ya que las violaciones que se dan entre los recintos carcelarios comprenden tanto los derechos civiles y políticos cuanto los derechos económicos, sociales y culturales de los reclusos.
Si bien el sistema carcelario dominicano se había encaminado hacia una profunda reforma con la implementación del nuevo modelo carcelario que había sido saludado en un principio por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, que en parte lo han financiado, a la fecha de hoy tenemos que resaltar que el proceso de implementación de los nuevos modelos se ha estancado y que la construcción de nuevos cárceles se ha paralizado.
Estos 36 centros de privación de libertad tienen una capacidad para unos 15mil internos mientras en la actualidad albergan alrededor de 28 mil privados de libertad, de los cuales más de 13 mil viven en un gran estado de hacinamiento y en condiciones infrahumanas, violándoles todos sus derechos humanos establecidos por las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la Constitución dominicana y la Ley n. 224 sobre Régimen Penitenciario.
De estos 28 mil internos un total de 12 mil se encuentra en el nuevo modelo y el restante 16 mil en el viejo modelo.
El 2014 ha sido un año nefasto por la situación de los derechos de primera generación, o sea los derechos civiles y políticos del pueblo dominicano.
No hay que ser científicos para darse cuenta que en el curso del 2014 prácticamente todas las violaciones a los derechos civiles y políticos han sido cometidas por el Estado dominicano. Con solo simplemente abrir las páginas de un periódico el observador se puede dar cuenta de esta afirmación.
En el curso del 2014 han sido alrededor de 200 muertos a manos de la Policía Nacional, en los ya famosos “intercambios de disparos”. De estas muertes, que se definen por el derecho de los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, hay evidencias, y las tenemos documentadas que en más del 70% de los casos se ha tratado de verdaderas ejecuciones cumplidas cuando la persona estaba detenida, ya esposada y varios casos hasta pidiendo clemencia.
Se calcula que las muertes ocasionadas por la Policía Nacional, según datos de la Procuraduría General de la Republica, representan un 15 por ciento de todos los homicidios que ocurren en el país.
La tortura y los tratos inhumanos y degradantes a las personas detenidas o privadas de libertad en la República Dominicana siguen siendo una práctica ampliamente aplicada por las fuerzas de seguridad del Estado, y en ese sentido la Policía Nacional nos vuelve al pasado más oscuro de la historia de nuestro país, utilizando diferentes métodos de torturas durante los interrogatorios en los cuarteles.
Lamentablemente, por los datos y las denuncias que tenemos no se puede hablar de casos aislados o de la simple actuación de “manzanas podridas” dentro de las filas de la Policía Nacional como esta institución declara de vez en cuando, sino que “ya se configura como instrumento represivo y policial a todos los efectos”.
Se han dado casos de graves amenazas a los denunciantes de casos de torturas. Es cuánto está ocurriendo a Ana Patricia Fermín quien lleva recibiendo amenazas de muerte de la Policía desde el mes de abril de 2014, cuando denunció que dos de sus familiares habían sido torturados bajo custodia policial en la zona norte de las afueras de la capital dominicana, Santo Domingo.
El tema de las desapariciones forzadas sigue siendo uno de los que más preocupa las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la opinión pública en general ya que la desaparición forzada se configura como crimen contra la humanidad.
En forma específica por el caso de Randy Vizcaíno, la familia no ha tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades a un año de su desaparición. Sobre este caso hay fuertes evidencias de que se trate de desaparición forzada.
Hay un grave y preocupante retroceso en el país por lo que concierne la libertad de expresión. Los periodista críticos del poder (tanto político, pero sobretodo económico) se enfrentan en el desempeño de su trabajo, casi en forma diaria, con amenazas, chantajes y presiones de cada tipo, desde la simple advertencia hasta la demanda en los tribunales.
Los defensores de derechos humanos se encuentran hoy en día en una situación de profundo riesgo para su trabajo práctico y su vida. Ha habido casos de amenazas de vario tipo contra los abogados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que están llevando los casos de los familiares del Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas en los Tribunales.
La sentencia n. 168-13 del Tribunal Constitucional del 23/09/2013 con la que Juliana Deguis y más de 200mil compatriotas dominicanos de ascendencia haitiana han sido vilmente despojados de su ciudadanía y por ende de sus derechos civiles y políticos, no solamente ha dejando una mancha imborrable en la historia de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país, sino que lo ha cubierto de ridículo y de vergüenza ante la opinión pública internacional.
El Plan Nacional de Regularización para Extranjeros y la Ley n. 169-14 y su Reglamento de mayo de este año sobre “régimen especial y sobre naturalización”, han representado un tentativo para poner orden en una situación que se estaba escapando de las manos al gobierno y a la clase dirigente del país.
Sin embargo, tanto de parte de la CNDH cuanto de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, hemos reiteradamente señalado que la Ley 169-14 al contemplar un proceso de naturalización por los ciudadanos nacidos en la República Dominicana antes del 2010 y no regularmente inscritos en el Registro Civil, está violentando los derechos civiles y políticos de dicha población.
La posición respecto a la comunidad internacional de la Republica Dominicana, que ya era bastante difícil a finales del año pasado por la sentencia 168-13, este año se ha tornado aún más complicada a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) del 28 de agosto de este año que condena nuestro país por haber cometido 12 graves violaciones de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana”.
El gobierno dominicano sin embargo ha rechazado en fecha 23 de octubre de 2014 la sentencia de la Corte IDH y algunos días más tarde el Tribunal Constitucional con la sentencia n. 256-14 del 4 de noviembre de este año, ha declarado inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se ha tratado de una una sentencia torpe, burda y lo más grave, política.
La tasa de desempleo es preocupante en nuestro país, ya que hemos llegado casi a un 15% a pesar de las promesas del gobierno de crear nuevos puestos de trabajo. El índice de desempleo sube y llega hasta un 31% si se considera la tasa de desempleo entre los jóvenes.
El debate a nivel nacional este año se ha focalizado en torno a la reforma del Código del Trabajo y respecto al aumento del salario mínimo.
Sindicatos y asociaciones denuncian que las discusiones para la reforma laboral se realizan con poca transparencia, con alto grado de hermetismo y que su contenido real solo es conocido por las comisiones negociadoras (empresariado y gobierno) y en menor grado por la representación sindical.
Las libertades sindicales en nuestro país en el curso de este año, han registrado graves retrocesos debido en gran parte a la debilidad del movimiento sindical dominicano y del movimiento social en general.
Los sectores donde se registran las mayores violaciones son el sector hotelero y el de la construcción ya que suelen emplear mano de obra haitiana indocumentada (a pesar de que sea prohibido por la ley) que difícilmente reclamará por la violación de sus derechos. Los casos más graves de violaciones sindicales se han dado en las empresas Frito Lay Dominicana, Nestlé Dominicana, Molino del Sol entre otras y resaltamos el conflicto entre los operadores de tráfico aéreo y el Instituto Dominicano de Aviación Civil que ha llamado al país una visita de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
El debate sobre el medioambiente este año se ha dado por la mayor parte en torno al tema de Loma Miranda Parque Nacional. La posibilidad de que Loma Miranda fuera declarada Parque Nacional ha representado la gran esperanza del pueblo dominicano de que su derecho a gozar de un medioambiente sano y saludable, fuera respetado. Sin embargo, a pesar de que esta demanda gozara del apoyo del 95% por ciento de la población y que la lucha aglutinara un sinnúmero de organizaciones sociales, religiosas, políticas y representara una lucha trasversal de todos los sectores y clases sociales del país esta esperanza ha sido defraudada y traicionada por la devolución al Congreso por parte del Presidente, del proyecto de ley que declaraba Loma Miranda Parque Nacional, después de que ambas cámaras le habían otorgado un respaldo casi a la unanimidad.
La sugerencia de la Presidencia de la República de postergar cualquier discusión sobre Loma Miranda y otras explotaciones mineras hasta tanto el Congreso no apruebe una Ley de Ordenamiento Territorial es evidentemente una táctica dilatoria para facilitar el pase a la ofensiva de Falcondo.
La República Dominicana presenta los más altos índices de feminicidios de la región (este año los casos acertados como tal han llegado a 80), y lamentablemente muy pocas estructuras que puedan acoger las mujeres y sus hijos víctimas de violencia. “En la República Dominicana hay tres casas de acogida, pero la densidad de población hace que se necesitan más, en lo que va de 2014, estos hogares han recibido a 108 mujeres, y a 132 niños y adolescentes, es decir, un total de 240 personas. Entre enero y mayo de 2014, se han registrado 35 feminicidios por violencia íntima (asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo relación íntima, familiar), nueve más que en el mismo periodo de 2013, y 37 homicidios de mujeres por conflictos sociales, ocho más que el año pasado”.
La situación de la población LGBT es trágica. Sufre acoso, exclusión social y limitaciones considerables en el goce de sus derechos fundamentales empezando por el derecho al trabajo. Frecuentemente sufre acoso y violaciones por parte de las autoridades policiales en el curso de las redadas nocturnas.
Las personas LGBT son detenidas sin razón, se personas desaprensivas les niegan el acceso a alquilar / tener casas propias, y en la mayoría de los centros privados y en muchos casos personal de hospitales públicos las discriminan, limitándole el acceso a los servicios de salud, sobre todo a las personas que han sido contagiadas con el virus VIH.
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