RedacciónLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), condena de forma clara y contundente la detención ilegal de Juan Comprés (Guanchy), ocurrida el pasado miércoles 3 de mayo, al considerarla como un burdo y vulgar intento de criminalizar la protesta social vinculada al movimiento Marcha Verde y de debilitarla y amedrentarla tratando de descabezarla de una de sus voces más fuertes, genuinas y valientes.
De hecho no solamente en Moca sino en el país entero la población se está movilizando y está respondiendo indignada ante esta detención.
Sabemos que es práctica común en nuestro país la de poner droga a los jóvenes de los barrios marginados de nuestra ciudades, siempre la hemos denunciado junto a otras organizaciones; sin embargo en este caso, con el intento (grabado en un video que está circulando en estas horas) de poner droga en el carro de Juan Comprés, se está tratando de crear una prueba falsa a fines de criminalizar la labor de un reconocido activista social, en el estilo de las dictaduras y de los gobiernos antidemocráticos que los pueblos de nuestra América y el pueblo dominicano conocemos muy bien.
¿Eso es lo que la cooperación con Colombia en tema de seguridad y formación de organismos del Estado está aportando? ¿La creación de falsos positivos judiciales que es la forma con la que se condenaron a la cárcel y se asesinaron haciéndolo pasar por guerrilleros en este hermano país miles de activistas sociales y defensores de derechos humanos?
La criminalización de la protesta social o de la labor de los defensores de derechos humanos u activistas sociales, como ha expresado en varias ocasiones y con creciente preocupación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representa “el inicio y sujeción a investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento con el objeto de amedrentar la labor de defensoras y defensores y generar una paralización de su trabajo en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.
La sujeción de las y los líderes y defensores a procesos penales injustificados y muchas veces prolongados, conforme a la CIDH, supone la responsabilidad del Estado por violación al principio de legalidad. En pocas palabras es un crimen de Estado.
En el mismo tono indignado condenamos además el trato recibido por el Sr. Comprés, quien recibió golpes en múltiples partes de su cuerpo durante su detención, en franca y abierta violación a todos los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado dominicano en materia de trato a personas privadas de libertad.
Exigimos también que se investigue porque en un primer momento INACIF emitió un certificado donde decía que no había evidencia de traumas y unos días después ese mismo certificado fue rectificado reportando una serie de traumas en todo el cuerpo del activista, así como efectivamente reportan las fotografías.
Sobre la base de todas estas consideraciones, exigimos por lo tanto al Ministerio Público de Moca la puesta en libertad inmediata y sin cargos adicionales del Sr. Juan Comprés y a las autoridades correspondientes la cancelación de los uniformados que se han prestado a este intento de callar nuestro compañero y con él el movimiento Marcha Verde.
Sepan que no lo lograrán. Ninguna amenaza, ninguna detención ilegal, ningún señalamiento extraño como hace días lo hizo el Ministerio de Interior y Policía logrará callar este creciente clamor del pueblo y esta lucha en contra de la corrupción y la impunidad. ¡Que sea claro!
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