Bienvenido Carmona JRLas cárceles de El Salvador amanecieron este martes en estado de emergencia luego de la orden dada por el presidente Nayib Bukele de que todos los prisioneros deben estar incomunicados, ante nuevos ataques a agentes de Seguridad, especialmente a miembros de la Fuerza Armada.
“Director Osiris Luna Meza decrete estado de emergencia máxima en todos los centros penales. Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, cero visitas, actividades, tiendas, todos a sus celdas, incomunicados. 24/7 hasta nueva orden”, ordenó Bukele a través de su cuenta de Twitter.
Lo anterior fue en respuesta de un nuevo ataque a un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, quien está desaparecido luego de ser lesionado por supuestos pandilleros.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes de que el soldado reportado como desaparecido en Ahuachapán (occidente) responde al nombre de José Rigoberto Reyes Molina, de 28 años, y estaba destacado en la Segunda Brigada de Infanteria del occidental de apartamento de Santa Ana.
Señaló que Reyes Molina fue “interceptado por varios sujetos pertenecientes a estructuras criminales, cuando realizaba trabajos agrícolas”.
“Lastimosamente los criminales aún controlan la mayor parte del Estado. Vamos a dar el 100 % dentro de lo que la ley nos permita, dios nos proteja a todos”, añadió el mandatario.
El sábado, un miembro de la Fuerza Armada, identificado como Santos Elías Díaz Amaya, fue asesinado por “terroristas”, apelativo con el que se les llama a los pandilleros en este país centroamericano, según lo informó el presidente Bukele.
A la muerte de Días Amaya suman la de dos los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), asesinados en enero por supuestos miembros de pandillas.
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de entre 103 y 50,3 registradas entre 2015 y 2018, índices atribuidos principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.
Estos grupos criminales poseen unos 60.000 miembros en todo el país y también son acusados de cometer la mayoría de crímenes contra policías y militares.
Dichas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.
