El MotínPor Rafael Rodríguez
El anuncio realizado por la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) sobre la entrega y ejecución de fondos públicos destinados a la intervención del Monumento a los Héroes de la Restauración, ha generado serias interrogantes en diversos sectores de la construcción y el turismo de Santiago y del país, debido a la ausencia de evidencias documentales en los sistemas oficiales de compras y contrataciones del Estado.
Según declaraciones del director de APEDI, en diciembre de 2024 se habrían entregado 82.1 millones de pesos para la intervención del Monumento, de los cuales alrededor de 20 millones ya habrían sido ejecutados “conforme a estrictos procesos de fiscalización y auditoría”. Sin embargo, hasta el momento no existe constancia pública de los procedimientos de contratación utilizados para la ejecución de esos recursos.
Sectores consultadosn advierten que, tratándose de fondos de origen público, la ley de contrataciones públicas establece la obligatoriedad de realizar procesos de licitación y de publicar dichas convocatorias en varios medios y plataformas. No obstante, aseguran que no se ha identificado ningún proceso publicado relacionado con la intervención del Monumento.
La falta de información pública sobre los procesos utilizados ha generado dudas adicionales, ya que tampoco se ha precisado en qué partidas específicas de construcción, remodelación o equipamiento fueron aplicados los recursos ejecutados. Dado que el monto involucrado asciende a unos 20 millones de pesos, sectores técnicos coinciden en que el mecanismo correspondiente era una licitación pública, y no procesos internos o discrecionales.
Especialistas recuerdan que los procedimientos de compras y contrataciones del Estado deben apegarse estrictamente a los lineamientos de la DGCP, precisamente para garantizar transparencia, competencia y trazabilidad en el uso de los fondos públicos, aun cuando estos procesos impliquen mayores plazos de ejecución.
Asimismo, se señala que ninguno de los actores que participan en la gestión, supervisión o monitoreo de estos recursos ha podido confirmar de manera formal cuáles procedimientos se aplicaron ni si se cumplieron los pasos exigidos por la normativa vigente, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad del manejo de dichos fondos.
Las preocupaciones sobre control y transparencia no se limitan al Monumento a los Héroes. Sectores advierten que situaciones similares se han producido en el Parque Central de Santiago, donde APEDI acumula años de cuestionamientos por una gestión centralizada, con deficiencias en el control financiero y un déficit significativo de ingresos, pese a las recomendaciones formuladas por miembros de su propia junta directiva.
La ley de contrataciones públicas es clara en cuanto a su ámbito de aplicación, que abarca ministerios, instituciones descentralizadas, organismos autónomos, gobiernos locales, empresas públicas no financieras con participación estatal mayoritaria y cualquier entidad que administre fondos públicos, sin excepción.
En ese contexto, sectores consideran que tanto el Ministerio de Turismo —como ente rector de la política turística y vinculado a la intervención del Monumento— como la Dirección General de Contrataciones Públicas tienen la responsabilidad de observar, verificar y, de ser necesario, investigar posibles incumplimientos en el manejo de estos recursos, máxime cuando no se trata de fondos destinados a situaciones de emergencia, sino a un proyecto programado que debía cumplir con todos los requisitos legales.
