El expresidente del Senado de la República, Andrés Bautista García, definió la nueva acusación de enriquecimiento ilícito formulada en su contra por el Ministerio Público como un recurso perverso para tratar de justificar su inclusión en el caso Odebrecht, a pesar de que no existe ninguna base para demostrar que recibió sobornos de la empresa brasileña.
El presidente fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se refirió a “las acusaciones mediáticas” formuladas en su contra por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien le atribuye haber manejado mil 900 millones de pesos en una cuenta bancaria, insinuando que ese dinero es fruto del soborno pagado por Odebrecht.
Indicó que de manera perversa el Ministerio Público utiliza esa cuenta bancaria habilitada en el año 2001 a nombre de Agropecuaria Bautista, propiedad que comparte con su hermano Wilfredo, “afirmando que todo el flujo de dinero de esa cuenta proviene del soborno, desconociendo deliberadamente que ese flujo bancario corresponde exclusivamente a préstamos bancarios y a la venta de cerdos y ganado producidos durante más de 15 largos años de duro trabajo”.
En cuanto a la acusación de haber adquirido 32 inmuebles durante su ejercicio como presidente del Senado, calificó esa afirmación como absolutamente insostenible.
Dijo que el dislate del Ministerio Público fue no haber tomado en cuenta que cuando se adquiere una finca se puede encontrar una determinada de cantidad de títulos, a pesar de corresponder a la misma propiedad.
Indicó que ese es el caso de la finca “Colón”, en San Francisco de Macorís, comprada al ex senador Tony Rivera, heredero del fallecido empresario Don Pedro Rivera, propiedad que en el momento de la transacción estaba integrada por 12 parcelas.
En ese mismo contexto resaltó la declaración del Procurador de que “Andrés Bautista adquirió 14 inmuebles en un mismo día y que para ocultar la compra la puso a nombre de su esposa”.
“Nada más absurdo y torpemente manipulado, pues Andrés Bautista y su esposa están casados por más de 40 años bajo el régimen de comunidad de bienes, por lo que resulta indiferente que las propiedades estén a nombre de uno o del otro”, apuntó el productor y dirigente político.
Explicó que la verdad de este caso es que su familia adquirió una finca en Cotuí en septiembre del 2010, cuyo proceso terminó el 17 de abril del 2013, que se fue pagando en la medida en que se fueron entregando los títulos, ya que la propiedad estaba constituida por 14 parcelas, lo cual llevó al Procurador General a incurrir en la temeraria afirmación de que había comprado 14 inmuebles en un mismo día.
Citó también la versión propalada por el Ministerio Público de que la casa en la que vive su familia desde el año 1992, también a nombre de su esposa, corresponde a la compra de dos inmuebles, al igual que siete tareas de tierra comprada a sus padres, que se presenta como si se tratara de tres inmuebles diferentes.
Se preguntó a seguidas cómo es posible que el Ministerio Público sea capaz de hacer una acusación manipulando, tergiversando y desvirtuando la realidad.
Y recordó que cuando llegó a la presidencia del Senado ya tenía 30 años como productor agropecuario, siendo descendiente de un hogar netamente agropecuario y que su primera profesión fue la de agrónomo.
Sin bases para probar sobornos
El también pasado presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que ha quedado plenamente demostrado que no era presidente del Senado cuando se aprobaron los contratos de la Hidroeléctrica de Pinalito y el Acueducto de Samaná y que tampoco respaldó con su voto esas decisiones del Congreso.
En el caso de la hidroeléctrica de Palomino, explicó que el único préstamo que se conoció en su gestión como presidente del Senado fue el 8 de diciembre del 2005 por un monto de 15 millones de dólares pero solo para el pago de los estudios geológicos, ambientales y de ingeniería.
Sostuvo que los demás contratos y adendas de ese proyecto fueron aprobados en las gestiones de Reinaldo Pared Pérez y Cristina Lizardo en la presidencia del Senado y no en las de Andrés Bautista y Jesús Vásquez Martínez, “como maliciosamente afirma el Ministerio Público”.
Afirmó que luego de ser desmontada la teoría de los sobornos, ante la ausencia total de pruebas para sostener esa imputación, el Ministerio Público lo acusa ahora de “enriquecimiento lícito”.
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