RedacciónLos abogados de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) intimaron este martes al Ministerio de Educación para que inicie un proceso de designación de los directores regionales y distritales en base a un procedimiento legal de concurso con respeto a la ley y de los derechos de los docentes, así como con la participación del gremio magisterial en los procesos de evaluación.
Los juristas Eduardo Jorge Prats, Antoliano Peralta y Rafael Santos, en su calidad de abogados de la ADP, declararon que intimaron al Ministerio de Educación a que, en cumplimiento del artículo 39 y el numeral 5 del artículo 63 de la Constitución se acoja al mandato de la ley sobre la escogencia de los directores regionales y distritales.
También, para que acoja el cumplimento de los artículos 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 171 de la Ley 66-97, General de Educación; y los artículos 5, 6, 15, 16, 17 (1.h), 17 (3.f), 33 y 73 del Decreto número 639-03 que establece el Estatuto del Docente.
Los abogados indicaron que en base a estas normas legales el Ministerio de Educación debe realizar un proceso de designación de los directores regionales y distritales en base estrictamente a un procedimiento legal de concurso con la participación de la ADP en los procesos de evaluación conforme manda la ley y el decreto antes citados.
De igual modo, la ADP, a través de sus abogados, intimó al Ministerio de Administración Pública a que cumpla con los artículos 6, 7, 8.1 y 8.7 de la Ley 41-08 de Función Pública, para que ejecute efectivamente con su deber de celador en cuanto al cumplimiento de las normativas relativas a la designación de los directores regionales y distritales, con miras a salvaguardar la carrera docente y garantizar los derechos de los docentes.
Los abogados de la ADP advirtieron a los ministerios de Educación y de Administración Pública, que de no obtemperar el requerimiento anterior en un plazo no mayor de 15 días laborables, computados a partir de la indicada notificación por alguacil ordinario, la ADP ejercerá todas las vías de derecho y jurisdiccionales abiertas y pertinentes.
Los juristas aseguraron que pronto terminarán el análisis de las distintas acciones jurisdiccionales que eventualmente serán incoadas por la referida asociación sindical a raíz de la Ordenanza número 24-2017, que a su juicio, adolece de serios vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad que trasgreden los derechos tanto de la ADP como gremio, así como de sus miembros.
Los jurista también indicaron que la ordenanza trasgrede una de las conquistas más importantes en materia educativa de la República Dominicana: “Como lo es el afianzamiento de la carrera docente, que sin lugar a dudas constituye una de las piedras angulares de la Ley 1-12, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, en lo relativo a la consolidación de un sistema educativo de calidad para todos y todas”.
Tanto Prats, Peralta y Santos subrayaron que las acciones judiciales previstas tendrán como objetivo fundamental asegurar el fortalecimiento y afianzamiento de la carrera docente, en este caso, en favor de los funcionarios administrativos-docentes del sistema educativo dominicano:“Los funcionarios administrativos docentes han padecido serias vulneraciones de sus derechos por la aplicación de la Ordenanza 24-2017”.
Los letrados reconocieron los esfuerzos del Ministerio de Educación, sin embargo indicaron que este caso de ilegalidad y vulneración de derechos debe ser resuelto por las autoridades o por los tribunales, para el correcto funcionamiento del sistema educativo dominicano y los derechos de los estudiantes y de los docentes.
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