RedacciónLa Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) dijo hoy lunes que le sorprende la aseveración del senador Adriano Sánchez Roa de que el 64 % de las armas robadas en asaltos y atracos van a un sector de las compañías de vigilancia privada.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad empresarial, Salvador Montás, expresó desconocer la fuente de este dato, ya que el senador Sanchez Roa no dio detalles de la procedencia de la cifra.
Señaló que las armas que adquieren los asociados de Adesinc son verificadas y regularizadas legalmente por el Ministerio de Interior y Policía, según lo establece la normativa de Republica Dominicana.
Exhortó al legislado a tener cuidado con declaraciones tan generales, que pudieran afectar a las empresas que se rigen por la Ley y que trabajan en apoyo a la seguridad ciudadana del país.
Manifestó que, debido a la prohibición de importación de armas que está desde el 2006, por el decreto 309-06, las empresas de seguridad privada se ven obligadas a comprar armas usadas en el mercado local, pero que es responsabilidad del Ministerio de Interior y Policía determinar su legalidad antes de que se registre el traspaso.
“Desconocemos de donde el senador por Elías Piña saca esa cifra tan astronómica y nos gustaría compartiera estos detalles con nosotros”, expuso Montás.
El vicepresidente ejecutivo de Adesinc explicó que en el mercado dominicano operan 70 compañías afiliadas a la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, (Adesinc), y estas a su vez, emplean el 78 % de los vigilantes de seguridad privada del país.
Aseguró que todos los Asociados de Adesinc cuentan con licencia de operación de la Superintendencia de Seguridad Privada.
Agregó que también funciona un número indeterminado de empresas ilegales, y que habría que determinar si son éstas las que comprar armas robadas y no la registran en el Ministerio de Interior y Policía.
Montás recordó que las empresas miembro de Adesinc contribuyen grandemente con el Estado con alrededor de 82 millones de horas de vigilancia anuales, el pago de 300 millones anuales en impuestos, 300 millones en pagos de nómina, 457 millones anuales al seguro social y 30 millones a Infotep.
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