RedacciónSanto Domingo.-La Asociación Nacional de Dueños de Farmacias Inc. (ASONADUFAR), y la Asociación de Dueños de Farmacias de la Provincia Santo Domingo (ASDUFARPROSAND), denunciaron este viernes el supuesto atropello del que han sido víctimas por parte del ayuntamiento de esa demarcación mediante el cobro irregular de impuestos por la publicidad de LEIDSA, que opera en distintos puntos farmacéuticos de esa demarcación.
Hablando en rueda de prensa, los presidentes de las entidades que agrupan a los propietarios de establecimientos de farmacias, Leonardo Belén y Rubén Céspedes, explicaron que en una actitud abusiva y arbitraria, el ayuntamiento de Santo Domingo Este, embargaron de manera ilegal las cuentas bancarias de unas 230 farmacias.
Indican que para ello, el alcalde Juan de los Santos los acusa por la supuesta falta de pago de un arbitrio municipal del que nunca les habían enviado las facturas con los números de comprobantes fiscales correspondientes, algo que califican de “extraño y muy sospechoso”, toda vez que nunca antes habían sido notificados sobre la existencia de ese arbitrio.
Asimismo, afirmaron que Juan de los Santos apoderó a la oficina de abogados CAREC, Abogados/Consultores, la cual está realizando los cobros de manera compulsiva, y de forma sospechosa se niega a emitir las facturas donde se justifique el impuesto a pagar.
Señalan que ellos no se están negando a pagar, sino que quieren que les envíen las facturas, para ver de qué se trata y que el proceso, si es normal, se haga de manera legal y transparente.
«Exigimos de las autoridades competentes el inmediato desbloqueo de las cuentas bancarias y que se emitan las facturas con sus respectivos comprobantes fiscales, avalada por el ayuntamiento, porque no nos hemos negado a efectuar los pagos, siempre y cuando se hagan de manera transparente», sostuvieron.
Los directivos de las Asociaciones de Farmacias precisaron que según la Ley, el arbitrio a pagar por la pequeña publicidad de la empresa LEIDSA que opera en sus establecimientos, es inferior a quinientos pesos anuales, pero que el alcalde municipal, Juan de los Santos y la firma de abogados CAREC, en una actitud abusiva pretenden cobrarles 10, 000 pesos, alegando supuestos gastos legales.
Advirtieron que si el alcalde no procede a dejar sin efecto el embargo de las cuentas de sus asociaciones, procederán con una demanda en su contra por ante el Tribunal superior Administrativo, para que los ampere ante lo que llaman un “evidente abuso de poder”.
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