Acusan al IAD de pretender hacer venta ilegal de terrenos agrícolas para sembrar caña de azúcar

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La Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos (ADIA-RD), junto a diversos sectores del municipio de Enriquillo, organizan un plan conjunto para evitar que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Consorcio Azucarero Central (CAC) culminen el siniestro plan de dedicar el proyecto AC-511 en Juancho al fomento de la caña de azúcar. El presidente de la ADIA-RD, el ingeniero Buenaventura González, denunció que estos terrenos son utilizados actualmente por más de 40 parceleros para el cultivo de diversos rubros agrícolas, fundamentales para el consumo nacional.

Denunciaron que «es notorio en las últimas semanas los aprestos encabezados por autoridades del Instituto Agrario Dominicano ( IAD ) contactando de manera individual a parceleros del proyecto para ofertarles sumas de dinero, a fin de que se aboquen a la firma de un convenio individual donde ceden sus derechos de la propiedad familiar, adjudicando la propiedad al Consorcio».

El ingeniero González, presidente de ADIA-RD y Benjamín Féliz Sánchez, ex administrador del Proyecto de Desarrollo Agropecuario Valle de Juancho ( PRODEVAJ, afirmaron que resulta inadmisible dedicar dichos terrenos a la siembra de caña, ya que el estado dominicano ha hecho inversiones millonarias en infraestructura y tecnología para que este asentamiento cumpla con su rol de mejorar las condiciones socioeconómicas de los campesinos de la región sur.

Mencionaron la construcción del canal Nazaíto y la instalación de un sistema riego por goteo, con la colaboración del gobierno español.

«Pedimos la rápida intervención del Presidente de la República y del Ministro de Agricultura, para que pidan una explicación al Director del Instituto Agrario Dominicano, a fin de que desista de esta práctica, la que consideramos perjudicial para los productores reformados de la región sur; más aún porque las instituciones y el país en general están dedicados al combate del COVID-19» expresaron.

Vaticinan la nulidad de dicho convenio ya que, según explicaron, “existen contratos vigentes entre parceleros y la empresa EGE – HAINA, productora de energía eólica en el Valle de Juancho”.