RedacciónLos abogados de las víctimas de sicariato afirmaron este lunes que hay pruebas suficientes para sostener, lejos de cualquier duda, de la vinculación de la autoría intelectual y el patrocinio económico de Arsenio Quevedo con la estructura criminar con ribete de sicariato político que asesinó a varios choferes.
David Ruiz, uno de los jurista de las familias querellantes, explicó que siempre han invitado a la opinión pública para que tenga contacto directo con las piezas que reposan en el expediente, donde una de las pruebas fundamentales es la nómina que fue obtenida mediante un allanamiento que realizó el Ministerio Público en el local de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin).
Destacó que en cuya nómina, incautada por el Ministerio Público a Unatrifin, figuran como asalariado todas las personas vinculadas a los sicarios y los ejecutores materiales de los asesinatos, como es el caso de Ericsson de los Santos Solís , alias Ney, a quien subrayó como el gerente operativo de la estructura criminal y es vicepresidente nacional del sindicato de transporte anteriormente mencionado.
También están el sargento de la Policía Nacional, Amaury Cabrera Martínez, Félix de Jesús Lora, quien se encuentra prófugo de la justicia; Daniel Octavio, alias Danilo el Prieto y el mayor de la Policía, Cristino Batista Roa: “Sin poder justificar sus vínculos de asalariados que no sea por su accionar criminar”, sostuvo el jurista.
Ruiz indicó que los alegatos de la defensa se trata de “panqueadas” de abogados, ante la cantidad suficiente de pruebas que existen en el expediente, para tratar de tergiversar los hechos y las pruebas que sustentan la teoría de vinculación con los asesinatos.
David Ruiz señaló que existe preocupación porque se quiere ejercer presiones mediáticas ante los medios de comunicación para cambiar la verdad de los hechos y lograr su libertad de Arsenio Quevedo con apoyo de sectores políticos y económicos: “El presidente de Unatrafin busca crear las condiciones subjetivas en término de la opinión pública nacional ante la realización de un plan perverso, a fin de que pase de manera desapercibida y lograr su libertad, a pesar de todas la pruebas que lo involucran”, aseveró.
El abogado acotó que se quiere vender al país que Arsenio Quevedo es un preso producto de un capricho y persecución del Ministerio Público y de Juan Hubieres, cuando él está preso por las pruebas que lo incriminan y la que existen sustentadas en el expediente recogida conforme al debido proceso.
Finalmente, el abogado indicó que las pruebas contra esta red criminal conlleva a una pena ejemplar de 30 años para cada uno de los actores por sicariato, tanto a los materiales como a los intelectuales.
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