Roberto Rosario dice población pobre y clase media viven drama por deterioro servicio salud

Roberto Rosario

Santo Domingo.- El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), doctor Roberto Rosario Márquez, refutó la versión del presidente Luis Abinader sobre el colapso del Seguro Nacional de Salud (SENASA) producto de un desfalco de miles de millones de pesos, que involucra  a sus principales autoridades y aseguró que la versión del mandatario solo busca “aliviar” la situación legal de los principales imputados del vergonzoso caso que ha dejado a la mayoría de los dominicanos sin cobertura de salud a nivel nacional.

Sostiene que lo que ha ocurrido en la  gestión de gobierno del presidente  Abinader, es que no se cumplieron las normas legales de administracm y operación para proteger del derrumbe la más importantes institución de los servicios de salud en el país. “ No han protegido el dinero de la cobertura de salud a los pobres, empleados, familias, trabajadores, profesionales”,, dijo.

Rosario Márquez, afirmó que en el SENASA siempre existieron controles de sus gastos y operaciones y dijo que el propio presidente Abinader reconoció las graves irregularidades administrativas y económicas en SENASA cuando la Fuerza del Pueblo lo denunció.

Refiriéndose a las declaraciones del  presidente Abinader en la que decia que el Seguro Nacional de Salud (SENASA) “presentaba fallas estructurales en sus mecanismos de supervisión desde su fundación”, pero que en la actualidad el gobierno habia fortalecido los controles de la institución, que actualmente cuenta con un Consejo, una Unidad de Auditoría Interna, que anteriormente no existía, Rosario Marques, les recordó al mandatario que desde su creación el SENASA ha tenido todos sus mecanismos de controles administrativos y de supervisión, incluyendo los normales de todo el aparato de la administración pública.

Sobre esas declaraciones del jefe de Estado, el Dr.  Rosario, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, indicó que con sus palabras “el primer mandatario de la Nación puso al desnudo las falencias y la falta de planificación con las que las actuales autoridades del PRM llegaron a ejercer la administración del Estado.

Y añadió que “estos argumentos solo se pudiera entender en un escenario que procurara mejorar la situación legal de los imputados en el caso que se ventila en los tribunales”.

Sostiene el destacado jurista, que la argumentación del mandatario  tiene el propósito de justificar  el manejo irregular de los fondos públicos administrados por  funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM)  en SENASA, a partir del 16 de agosto de 2020.

Precisó además, que siempre han existido normas para evitar fallas estructurales en la administración de los recursos y que fueron aplicados por los anteriores incumbentes del SENASA.

“independientemente del crédito ético y moral que lo adornan, pues esto se evidencia en el hecho de que hasta el 16 de agosto de 2020, no hubo una sola acción que permitiera en estos momentos asemejarla al desfalco acontecido en el SENASA”, subrayó.

A fin de ilustrar al respecto, el alto de la Fuerza del Pueblo Rosario, procedió a identificar las disposiciones constitucionales y leyes adjetivas que instituyen un sistema de control desde la creación de estos programas sociales y de los entes públicos llamados a supervisar este gasto público, con la finalidad de evitar que en vez de favorecer a los más pobres, se desviara al bolsillo de quienes poseen grandes fortunas y ostentaron cargos públicos durante estos seis año de gestión gubernamental.

Entre las normas que indica el Dr. Rosario, incluyendo su ámbito de aplicación, cita las siguientes:

Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece:

Art. 148.- Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)

El Seguro Nacional de Salud (SNS) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son entidades públicas, privadas o mixtas, descentralizadas, con patrimonio propio y personería jurídica, autorizadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a asumir y administrar el riesgo de la provisión del Plan Básico de Salud a una determinada cantidad de beneficiarios, mediante un pago per cápita previamente establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social, de acuerdo a la presente ley y sus normas complementarias.

Sobre las ARS, destaca que precisamente el literal e) indica lo siguiente:

Rendir informes periódicos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

Como se puede observar, la letra e) de este artículo establece el primer mecanismo de vigilancia al que estaba obligado el Seguro Nacional de Salud (SENASA), por lo que según los expuestos por el presidente de la República, en su gestión, esto no se cumplió o el empoderamiento de quien ejercía la función, estuvo por encima de esta obligación.

Ademas se;ala que la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República dispone:

Artículo 1.- Finalidad. La presente ley tiene por finalidad instituir el Sistema Nacional de Control Interno, su rectoría y componentes; establecer las atribuciones y facultades de la Contraloría General de la República; regular el control interno de los fondos y recursos públicos y de la gestión pública institucional y su interrelación con la responsabilidad por la función pública, el control externo, el control político y el control social; y, señalar las atribuciones y deberes institucionales en la materia.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La presente ley rige para las siguientes entidades y organismos:

  1. Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas
  2. Las Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Estas disposiciones, combinada con el artículo 247 de la Constitución, constituye el segundo mecanismo de control que impide fallas estructurales en cualquier institución que reciba fondos públicos y que no sean los órganos constitucionales definido por el Tribunal Constitucional, pues el caso de SENASA la competencia de la Contraloría General de la República, es más que evidente, por la doble condición que establece la ley.

 Finalmente, y no menos importante Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (modificada por la ley 18-24).

La competencia de la Cámara de Cuenta nace del artículo 248 de la constitución y dentro de su competencia, definida por la ley 10-04, se establece lo siguiente

  • Las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y sus dependencias;
  • Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que recauden, reciban o administren, a cualquier título, recursos públicos, o que estén vinculados contractualmente con el Estado, los municipios o las instituciones autónomas.

La Ley núm. 18-24 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, promulgada por la presidente Luis Abinader, amplia el objetivo de la norma y en tal sentido establece:

10) La Administración Pública Central, desconcentrada y organismos autónomos y descentralizados, sean éstos financieros o no financieros;

11) Las empresas públicas de la seguridad social;

Finalmente, el Dr. Rosario Márquez afirmó que al parecer el presidente de la República no estuvo bien informado por sus asesores sobre el tema.

Y observó que es comprensible el estado de frustración que debe generar este tema en la mente del presidente, ya que, hay información disponible que permiten comprobar que desde el año 1996 el Estado dominicano creó las bases institucionales para supervisar y garantizar que haya un buen uso de los recursos públicos en instituciones como el Seguro Nacional de Salud.

“Lo sucedido en el SENASA en estos seis años,  solo puede ser explicado por la indiferencia de los organismos del Estado, que, a partir del 2020, abandonaron su responsabilidad de control y fiscalización”, expresa el conocido abogado y dirigente politico en un documento remitido a los medios éste fin de semana.

El Motín