Presupuesto complementario 2026: entre la necesidad y la responsabilidad fiscal

Por Anner Victoriano

La presentación del segundo presupuesto complementario de 2026 coloca nuevamente sobre la mesa un debate fundamental para la República Dominicana: la calidad de nuestra planificación presupuestaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el compromiso del Estado con la disciplina fiscal.

El Gobierno propone elevar el gasto público hasta aproximadamente RD$1.718 billones, incrementar el déficit fiscal del 3.24 % al 4.2 % del producto interno bruto (PIB) y suspender temporalmente la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal.

Estas decisiones merecen un análisis que trascienda las diferencias partidarias. El presupuesto nacional no es simplemente un instrumento contable; constituye la expresión financiera de las prioridades del Estado y de su capacidad para responder a las necesidades ciudadanas.

La nueva reformulación contempla un incremento del gasto de aproximadamente RD$54,100 millones, acompañado de una reducción de RD$31,293 millones en las proyecciones de ingresos. Ambos factores explican el deterioro del balance fiscal, cuyo déficit previsto alcanzaría aproximadamente RD$366,000 millones.

Resulta comprensible que circunstancias económicas extraordinarias obliguen a revisar las estimaciones presupuestarias. El incremento de los precios internacionales de los combustibles, los subsidios energéticos y otras presiones externas pueden exigir respuestas gubernamentales oportunas.

Sin embargo, una cosa es reconocer la necesidad de realizar ajustes y otra muy distinta es convertir las modificaciones presupuestarias en una práctica recurrente que debilite la planificación financiera.

Particular atención merece la suspensión de la regla fiscal, aprobada apenas en 2024 con el propósito de establecer límites al crecimiento del gasto primario y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Las reglas fiscales no deben interpretarse como obstáculos inflexibles para gobernar. Su legislación contempla mecanismos excepcionales precisamente porque las economías enfrentan situaciones imprevistas. No obstante, toda excepción requiere justificación suficiente, transparencia y una ruta verificable para recuperar la disciplina presupuestaria.

En materia de endeudamiento, también debemos evitar interpretaciones simplistas. Un mayor déficit no se traduce necesariamente en un aumento equivalente de la deuda pública, especialmente cuando existen disponibilidades financieras acumuladas. Pero utilizar esos recursos reduce el margen de maniobra para enfrentar contingencias futuras.

La deuda del sector público no financiero se proyecta en aproximadamente 46.6 % del PIB. Este indicador debe examinarse conjuntamente con el costo de los intereses, los vencimientos, el crecimiento económico y la capacidad recaudatoria del Estado.

Otro elemento fundamental es la calidad del gasto. No basta con autorizar mayores recursos; resulta indispensable demostrar que cada peso adicional genera resultados medibles para la sociedad. La inversión productiva, la educación y los servicios esenciales deben evaluarse por su impacto, mientras los subsidios requieren mecanismos de focalización y seguimiento.

El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de examinar esta reformulación con rigor, exigir explicaciones sobre sus fuentes de financiamiento y verificar las condiciones que justifican la suspensión temporal de la regla fiscal.

República Dominicana necesita flexibilidad para responder a circunstancias extraordinarias, pero también instituciones capaces de preservar la estabilidad financiera.

La responsabilidad fiscal no consiste únicamente en equilibrar cifras. Consiste en administrar responsablemente el presente sin hipotecar las oportunidades de las próximas generaciones.

Ese debe ser el verdadero compromiso de nuestra política presupuestaria.

El Motín