El MotínPor Francisco Rojas Castillo
El crecimiento económico adquiere mayor valor e impacto cuando fortalece la capacidad de producir con eficiencia, generar empleos de calidad y ampliar las oportunidades de la población. Para la República Dominicana, el desafío consiste en consolidar una estructura productiva que incorpore conocimiento y cuyos beneficios alcancen a empresas, trabajadores y territorios, contribuyendo así al bienestar de toda la población, sin dejar a nadie rezagado. Esto es lo deseable, aunque no necesariamente ocurra de esa manera.
Durante una ceremonia celebrada en Santo Domingo para reconocer trayectorias empresariales y aportes al desarrollo industrial dominicano, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, identificó cuatro condiciones para transformar el crecimiento económico en desarrollo productivo: energía confiable y a costos competitivos, formación del talento, incorporación tecnológica y formalización empresarial y laboral.
Estas prioridades apuntan a superar obstáculos que limitan la capacidad de las empresas para producir, innovar y competir. Un suministro eléctrico estable permite reducir interrupciones y planificar la producción; la formación del personal facilita responder a las necesidades industriales; y la tecnología contribuye a mejorar los procesos y la calidad de los productos. Por su parte, facilitar la formalización puede ampliar el acceso de las empresas al financiamiento y a nuevos mercados, al tiempo que favorece la generación de empleos con derechos y protección social.
Desde este enfoque, el planteamiento de la AIRD ofrece una base concreta para fortalecer la industria nacional y ampliar su contribución al desarrollo del país. Para materializarlo, es necesario traducir estas propuestas en una política de transformación productiva, formulada y ejecutada con la participación de todos los sectores involucrados.
Estas prioridades coinciden con el punto de vista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que vincula la transformación productiva con la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Ambos enfoques se complementan: la AIRD identifica condiciones para fortalecer la industria y la CEPAL las sitúa en una estrategia de desarrollo más amplia. Desde la gestión gubernamental, corresponde articular estas propuestas en una política pública que coordine inversiones, formación y apoyo empresarial, con metas verificables de productividad, empleo formal y reducción de las brechas territoriales.
La energía constituye una primera condición. El Ministerio de Energía y Minas reportó pérdidas de energía de las distribuidoras de 38.8% en el año móvil terminado en diciembre de 2025. Este indicador refleja energía comprada que no se factura; no equivale a la tarifa industrial ni mide por sí solo las interrupciones del servicio. Sin embargo, muestra la magnitud del problema de eficiencia que debe resolverse para sostener un sistema eléctrico financieramente viable.
La respuesta exige mejorar redes, medición, facturación y gestión comercial, junto con inversiones que aseguren el suministro. Incorporar fuentes limpias y tecnologías de ahorro también puede reducir la exposición a los precios de los combustibles y mejorar el desempeño ambiental de las empresas.
La formación del personal es otra condición decisiva. Según la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2024 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 66.3% de las empresas consideraba necesario fortalecer o adquirir habilidades en su personal. El estudio abarca empresas formales con 16 o más empleados de diez sectores; sus resultados no deben generalizarse a todas las unidades productivas. La magnitud de esa necesidad justifica una coordinación permanente entre empresas, universidades y centros de formación técnica
La tecnología debe acompañarse de capacidades para aprovecharla. La misma encuesta señala que, entre las razones para actualizar competencias, la introducción de nuevas tecnologías fue mencionada por el 37.6%. Este dato vincula modernización y capacitación; no mide directamente la productividad laboral. Adquirir maquinaria o programas informáticos requiere personal preparado, asistencia técnica y mejoras organizativas. Las MIPYMES necesitan financiamiento y asistencia tecnológica.
La formalización completa estas prioridades. En el promedio de 2025, la informalidad laboral fue de 54.1%, frente a 55.5% en 2024, según cifras del Banco Central. La reducción representa un avance, aunque más de la mitad de los ocupados continuaba en empleos informales. Promover la formalidad exige simplificar trámites y facilitar crédito, mercados y protección social. Formalizar debe ofrecer una posibilidad efectiva de crecer y mejorar las condiciones laborales.
Los encadenamientos productivos permitirían ampliar los beneficios. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciones (CNZFE) registra exportaciones de zonas francas por US$8,548.6 millones en 2025. Su escala constituye una oportunidad para desarrollar proveedores dominicanos, siempre que puedan cumplir los requisitos de calidad, precio y entrega. El monto exportado no mide por sí mismo la integración con empresas locales; esa vinculación requiere programas específicos de desarrollo de proveedores.
La dimensión territorial también importa. El diagnóstico dominicano de la CEPAL de 2023 identificó desigualdades estructurales entre territorios y entre zonas urbanas y rurales. Una política productiva debe atender las restricciones de cada lugar: riego y almacenamiento para la agroindustria, conectividad digital para servicios o logística para manufacturas. Empresas, gobiernos locales y comunidades pueden contribuir a identificar y sostener esas soluciones.
La convergencia entre los planteamientos de la AIRD y la CEPAL ofrece una base para construir una política de transformación productiva que trascienda los períodos de gobierno. Su éxito dependerá de elevar la competitividad y lograr que las mejoras de productividad se traduzcan en mejores ingresos, empleos con protección social, mayores oportunidades para las MIPYMES y una reducción de las brechas territoriales. De esta manera, el crecimiento económico podrá sostener un desarrollo más inclusivo y ambientalmente sostenible, cuyos beneficios alcancen a toda la población.
