El MotínPor Francisco Rojas Castillo
La República Dominicana ha experimentado décadas de crecimiento económico, expansión de la infraestructura y reducción de la pobreza. Entre 1990 y 2024, el producto interno bruto (PIB) real creció a una tasa promedio anual del 5.1%, mientras que la pobreza monetaria disminuyó del 41.1% en 2015 al 17.3% en 2025. Sin embargo, estos avances contrastan con la persistencia de profundas desigualdades territoriales.
Mientras regiones como Ozama y Cibao Norte concentran una parte importante de las inversiones, las actividades empresariales y las oportunidades de empleo, numerosos municipios y distritos municipales, particularmente en regiones como El Valle, Enriquillo e Higuamo, continúan enfrentando limitaciones estructurales que restringen sus posibilidades de desarrollo.
Esta realidad persiste a pesar de que la cohesión territorial constituye el objetivo general 2.4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y de la existencia de instrumentos de política pública concebidos para promover el desarrollo territorial y reducir las brechas entre los territorios.
Además, la cohesión territorial está contemplada como una de las políticas transversales de dicha estrategia, lo que implica que debe incorporarse en el diseño, la ejecución y la evaluación de todas las políticas públicas. Sin embargo, persiste una considerable distancia entre este mandato y su aplicación práctica, lo que pone de manifiesto las dificultades para traducir los compromisos institucionales en resultados concretos que contribuyan a reducir las desigualdades territoriales.
Considerando esta situación se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué tantos territorios siguen rezagados después de tantos años de crecimiento económico, planificación e inversión pública? Sin pretender ofrecer una respuesta única ni definitiva a la interrogante planteada, a continuación se analizan algunos de los factores que contribuyen a explicar la persistencia del rezago en numerosos territorios de la República Dominicana.
Paul Collier, en su obra Rezagados: “una nueva economía para lugares olvidados”, ofrece una perspectiva esclarecedora. El crecimiento nacional no garantiza prosperidad para todos los lugares. Las economías de aglomeración concentran empresas, capital y talento en territorios que ya poseen ventajas, mientras otros permanecen atrapados en dinámicas de baja productividad y escasas oportunidades.
En la República Dominicana, la planificación del desarrollo y la programación de la inversión pública han respondido, predominantemente, a una lógica descendente, en la que las prioridades se definen desde el ámbito nacional y se trasladan a los niveles provincial, municipal y distrital. Las instituciones sectoriales del Gobierno central desempeñan un papel protagónico en la priorización de inversiones, mientras los territorios suelen actuar como receptores de decisiones adoptadas en niveles superiores.
En consecuencia, municipios y distritos municipales pueden recibir inversiones por arrastre, derivadas de programas nacionales, en lugar de intervenciones ajustadas a sus necesidades y potencialidades. Además, los territorios con mejor infraestructura y mayor capacidad institucional suelen estar mejor posicionados para formular proyectos y atraer recursos. Así, una política concebida para promover el desarrollo corre el riesgo de reproducir las desigualdades que pretende corregir.
Los mapas de pobreza permiten examinar este problema a una escala que los promedios nacionales y provinciales suelen ocultar. El Mapa de Pobreza de 2014, elaborado con información del Censo de 2010, registró un 40.4% de hogares en pobreza multidimensional y un 10.4% en pobreza extrema. Por su parte, el Mapa de Pobreza Monetaria 2024, publicado en septiembre de 2026, toma como referencia una incidencia nacional de pobreza monetaria de 19.0%, incluida una pobreza extrema de 2.4%.
Estas cifras no son directamente comparables: difieren en indicadores, unidades de análisis y metodologías. Antes de establecer cuánto cambió la pobreza de los municipios y distritos municipales más rezagados, es indispensable armonizar las mediciones. La cuestión decisiva es si esos territorios han reducido sus brechas respecto de los más dinámicos. Una disminución de la pobreza nacional no equivale, por sí sola, a una mayor cohesión territorial.
Desde el enfoque de Collier, las transferencias y las inversiones aisladas, aunque necesarias, no bastan para transformar los lugares olvidados. Estos requieren capacidades productivas, instituciones eficaces y conexiones con los mercados que permitan generar riqueza y empleo sostenidamente. Las obras comunitarias, los parques y las instalaciones deportivas mejoran la calidad de vida, pero por sí solos no crean una nueva base económica.
Un municipio agrícola, por ejemplo, podría necesitar una estrategia articulada de caminos productivos, riego, centros de acopio, transformación agroindustrial, formación técnica y comercialización. Otros territorios podrían desarrollar actividades turísticas, logísticas o de servicios. Las ciudades intermedias y los pequeños centros urbanos también pueden conectar estas actividades con las comunidades rurales. No existe una receta única: las intervenciones deben surgir de diagnósticos territoriales y de la coordinación entre Gobierno central, gobiernos locales, empresas, asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y organizaciones comunitarias.
La República Dominicana necesita superar la planificación exclusivamente descendente y avanzar hacia un modelo de doble vía, construido desde las prioridades locales y articulado con los objetivos provinciales, regionales y nacionales. Esto exige fortalecer los gobiernos locales, dar mayor participación a los territorios en la selección de proyectos y orientar la inversión pública hacia estrategias integrales de desarrollo económico. La equidad territorial no supone repartir los recursos por partes iguales, sino reconocer que los lugares con mayores desventajas requieren apoyos diferenciados para generar oportunidades comparables.
El desarrollo no llega espontáneamente a los territorios olvidados ni se produce por el simple derrame del crecimiento económico; no llega por sí solo a los territorios rezagados; hay que sembrarlo y construirlo desde sus propias realidades, comenzando por aquellos que enfrentan los mayores rezagos y avanzando hacia los menos rezagados, mediante políticas públicas deliberadas que fortalezcan sus capacidades productivas, aprovechen sus potencialidades y generen oportunidades de prosperidad para su población.
La cohesión territorial no puede medirse únicamente por la cantidad de obras ejecutadas ni permanecer como una aspiración institucional. Su efectividad debe demostrarse mediante resultados verificables: reducción de brechas, fortalecimiento de las capacidades productivas y, sobre todo, ampliación sostenida de las oportunidades de vida de la población de los municipios y distritos municipales históricamente rezagados.
