El MotínPor Francisco Rojas Castillo
La volatilidad de los precios internacionales plantea un desafío para la República Dominicana: proteger el bienestar de la población sin debilitar las finanzas públicas ni posponer las transformaciones que necesita su economía. Ante los aumentos de los precios de los combustibles, los fertilizantes y otros insumos importados, sus efectos en los sectores agropecuario, industria, transporte y energía llegan de manera inmediata y se trasladan automáticamente al presupuesto familiar.
Desde la superación de la pandemia de la COVID-19, los choques externos han estado a la orden del día de la economía dominicana. Esta realidad ha obligado a orientar las políticas públicas hacia el aumento de la productividad, sin renunciar a la protección social, la atención de las emergencias y la reducción de las vulnerabilidades. Hoy más que nunca, las políticas públicas deben ser cuidadosamente diseñadas, sustentadas en evidencias y orientadas a alcanzar los mejores resultados con los recursos disponibles.
Un choque externo con múltiples efectos
Desde enero hasta el 29 de septiembre de 2026, el aumento acumulado del precio internacional del gasoil ha sido de 130.5%; el de la gasolina, de 77.1%; y el del petróleo crudo WTI, de 60.2%. La diferencia entre el comportamiento de los precios de los derivados y el del petróleo crudo es relevante, pues demuestra que observar únicamente la cotización del crudo resulta insuficiente. Como ha ocurrido durante este período, la gasolina y el gasoil pueden encarecerse en una proporción mucho mayor debido a las condiciones de refinación, disponibilidad y transporte. Para una economía importadora como la dominicana, lo determinante es el precio efectivo de los productos derivados que utiliza.
El aumento de precios encarece las adquisiciones que de los productores; la volatilidad dificulta planificar. Un productor puede enfrentar costos elevados y desconocer cuánto pagará por sus insumos en los próximos meses. Esa incertidumbre afecta decisiones de inversión, producción y contratación.
La transmisión tampoco es automática. Entre el precio internacional y el costo interno intervienen el tipo de cambio, los impuestos, los subsidios, los contratos y las condiciones de competencia. Por ello, el aumento de 130.5% del gasoil internacional no significa que el costo agrícola o industrial dominicano haya subido en igual proporción, pero sube y afecta el presupuesto familiar.
Agropecuaria, industria y electricidad bajo presión
En la agricultura, los aumentos en el precio de fertilizantes, combustibles, riego y transporte reducen los márgenes del productor. Si traslada el aumento, suben los alimentos; si lo absorbe, pierde rentabilidad y puede disminuir la producción. Los pequeños agricultores suelen disponer de menos financiamiento para enfrentar estas fluctuaciones.
La industria enfrenta presiones mediante la energía, las materias primas y la logística. Su respuesta depende del tamaño de la empresa, su eficiencia y su capacidad para ajustar precios. Cuando los costos aumentan persistentemente, pueden deteriorarse la competitividad, la inversión y el empleo.
En la electricidad, el impacto depende de las fuentes de generación y los contratos. No corresponde trasladar los porcentajes del petróleo y sus derivados al conjunto del costo eléctrico. También deben examinarse los precios del carbón y del gas natural, las pérdidas, la cobranza y la eficiencia del sistema.
El subsidio protege, pero tiene un costo
Los subsidios pueden evitar que una subida abrupta deteriore inmediatamente el bienestar y la actividad productiva. Su utilidad debe reconocerse, especialmente cuando los hogares carecen de margen para absorber aumentos en alimentación y transporte.
De la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre se estima un subsidio a los combustibles cercano a RD$1,800 millones, con aproximadamente RD$36,000 millones acumulados a la fecha. El subsidio por galón equivalía al 39.6% del precio al consumidor del gasoil óptimo y al 44.8% del gasoil regular.
Esta protección tiene un costo de oportunidad: compite con infraestructura, educación, salud y otras necesidades. Si requiere mayor endeudamiento, genera compromisos futuros. Pero la protección social no solo es necesaria: constituye una responsabilidad fundamental del Estado, especialmente frente a las crisis que amenazan el bienestar de la población más vulnerable.
Existe, además, un problema distributivo: los subsidios generalizados pueden beneficiar más, en términos absolutos, a quienes más consumen. Esto obliga a preguntar si cada peso público protege suficientemente a los hogares vulnerables y las actividades esenciales. La focalización requiere información confiable y capacidad de ejecución.
Del costo de vida al crecimiento
El encarecimiento de las importaciones aumenta las necesidades de divisas y puede presionar el tipo de cambio. Su efecto dependerá de los ingresos por turismo, remesas, exportaciones e inversión extranjera. Una depreciación puede reforzar el aumento de los costos importados.
Las presiones inflacionarias persistentes provocan aumento de las tasas de interés. El crédito más costoso afecta el consumo y la inversión, mientras los hogares pobres destinan una mayor proporción de sus recursos a necesidades básicas.
Así, un choque externo puede extenderse por toda la economía. El encarecimiento de los combustibles, las materias primas y otros insumos importados eleva los costos de producción y transporte, presiona los precios internos y reduce el poder adquisitivo de los hogares. Al mismo tiempo, disminuye la rentabilidad de las empresas, limita sus posibilidades de invertir y contratar trabajadores y puede desacelerar la actividad económica. Una menor producción y un menor consumo reducen las recaudaciones tributarias, mientras aumenta la demanda de subsidios y programas de protección social. De esta manera, un fenómeno originado fuera del país puede terminar afectando simultáneamente la producción, el empleo, las finanzas públicas y el bienestar de la población.
Proteger hoy y transformar para mañana
La respuesta debe combinar protección temporal con transformación productiva: mejorar la focalización de las ayudas, apoyar a productores vulnerables y revisar las medidas conforme cambien las condiciones.
A la vez, se necesita avanzar en eficiencia energética, diversificación de fuentes, reducción de pérdidas eléctricas, riego, almacenamiento y logística.
La evaluación crítica debe examinar cuánto cuesta la protección, quién recibe sus beneficios y qué vulnerabilidades permanecen. El desafío consiste en hacer compatible la respuesta inmediata con una economía más productiva, finanzas públicas sostenibles y una distribución más justa de los costos.
*El autor es Economista, Master de Formación Permanente en Dirección y Gestión de Proyectos
