El MotínDespués de más de una década destinando el 4 % del PIB a la educación preuniversitaria, la violencia que involucra a una parte de la juventud dominicana obliga a mirar más allá del presupuesto y preguntarnos qué resultados sociales estamos obteniendo.
Por: Anner Victoriano
Durante más de una década, la República Dominicana ha colocado la inversión del 4 % del Producto Interno Bruto en educación como una de sus grandes conquistas sociales. Miles de millones de pesos, nuevas escuelas, jornada extendida, alimentación escolar, tecnología y diferentes programas educativos han sostenido la esperanza de que invertir más en las aulas significaría construir una sociedad con mayores oportunidades.
Pero existe una pregunta que las cifras presupuestarias, por sí solas, no pueden responder: ¿qué ocurrió cuando esos estudiantes salieron del aula y encontraron la realidad de la calle?
Los niños que comenzaron su formación durante los años del 4 % son hoy adolescentes y adultos jóvenes. La mayoría estudia, trabaja y procura construir su futuro. Sin embargo, otra parte aparece atrapada en historias de deserción escolar, violencia, robos, narcotráfico, homicidios y enfrentamientos con las autoridades.
Septiembre deja una cifra particularmente inquietante: 37 personas murieron en hechos reportados por la Policía Nacional como “intercambios de disparos”. Varios de los fallecidos eran señalados por las autoridades como vinculados a homicidios, atracos y otros delitos.
Esos 37 muertos no demuestran el fracaso del 4 %. Sería intelectualmente irresponsable establecer una relación automática entre inversión educativa y delincuencia. La violencia tiene múltiples raíces: exclusión, abandono escolar, familias vulnerables, falta de oportunidades laborales, drogas, entornos violentos y debilidades institucionales.
Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado.
Una política educativa no debería evaluarse exclusivamente por cuánto dinero recibe, cuántas escuelas construye o cuántos dispositivos distribuye. Debemos preguntarnos cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes, cuántos permanecen en las aulas y, sobre todo, qué oportunidades encuentran cuando termina la escuela.
Los 37 abatidos plantean, además, otra discusión necesaria. La sociedad necesita una Policía capaz de proteger al ciudadano y enfrentar la delincuencia. Al mismo tiempo, un Estado democrático debe garantizar que cada actuación policial permanezca dentro de la ley y pueda ser examinada con transparencia. Seguridad ciudadana y respeto al debido proceso no deberían ser aspiraciones enfrentadas.
La reducción de la tasa oficial de homicidios también debe reconocerse al analizar el problema. La seguridad pública es una realidad compleja que no puede medirse exclusivamente por los acontecimientos de un mes.
Por eso, quizás la discusión nacional deba avanzar del cuánto invertimos hacia el qué estamos logrando.
El 4 % abrió escuelas. Ahora debemos preguntarnos si estamos abriendo suficientes caminos.
Porque cuando un joven abandona las aulas y termina atrapado entre la delincuencia, la cárcel o una bala, la pregunta no debe comenzar con el último disparo.
Debe comenzar mucho antes.
En el aula, en la familia, en el barrio y en las oportunidades que como sociedad fuimos capaces —o incapaces— de ofrecerle.
Esa es la deuda detrás del 4 %.
