Francisco Rojas Castillo

La política está cambiando. Durante buena parte del siglo XX, los partidos políticos constituyeron el principal referente para identificar a quienes participaban en la vida pública. La pertenencia partidaria no era simplemente una preferencia electoral: significaba asumir una identidad política que, en muchos casos, acompañaba al ciudadano durante buena parte de su vida. Si se pudiera comparar la militancia política con el fanatismo deportivo, podría decirse que, al igual que la simpatía por un equipo de béisbol, los del equipo azul son azules desde “chiquitico” y los del conjunto amarillo son amarillos en todas las temporadas.

La nueva política parece moverse en otra dirección. Cada vez importa más el individuo y, relativamente, menos la organización a la que pertenece. La clase social, el linaje, el origen familiar, las relaciones y procedencia, pueden llegar a pesar tanto o más que la identificación partidaria y los años de militancia y lucha dentro de una organización política.

Esta transformación tiene consecuencias que van mucho más allá de las campañas electorales. También comienza a modificar la manera en que valoramos a quienes participan en la gestión pública, donde, desde el punto de vista profesional, se ha tendido a establecer una distinción entre dos categorías aparentemente contrapuestas: los “técnicos” y los “políticos”.

La falsa separación entre técnicos y políticos

En ese contexto ha adquirido fuerza una clasificación que merece ser examinada: la división entre “técnicos” y “políticos”. Con frecuencia se presenta al técnico como aquel profesional que llega al Estado sustentado fundamentalmente en su preparación académica, experiencia y competencias, mientras que al político se le identifica por su militancia, trayectoria partidaria o participación electoral.

Pero ¿son realmente categorías excluyentes? Un economista, ingeniero, médico, abogado, administrador o especialista en políticas públicas no deja de poseer sus conocimientos porque decida participar activamente en política. Tampoco adquiere automáticamente competencia técnica quien se mantiene distante de la militancia partidaria.

El técnico puede ser político y el político puede ser técnico.

El problema aparece cuando la condición política termina invisibilizando la trayectoria profesional. Dos personas pueden poseer formaciones académicas semejantes, décadas de experiencia y competencias comparables, pero recibir valoraciones diferentes porque una reconoce públicamente su militancia y la otra es presentada simplemente como “técnica”. En ese momento surge una paradoja: la participación política abierta puede terminar convirtiéndose en una especie de descuento sobre el mérito profesional.

¿Es más técnico quien no revela su política?

La cuestión se vuelve todavía más interesante dentro de la nueva política centrada en figuras. Los profesionales, como los demás ciudadanos, poseen ideas, preferencias y valores sobre la sociedad y el Estado. Algunos expresan públicamente sus preferencias políticas, otros las mantienen en el ámbito privado y algunos participan formalmente en organizaciones partidarias.

¿Por qué entonces la militancia visible debería disminuir la valoración de las capacidades profesionales? Podría producirse incluso un incentivo contradictorio: mientras más discretamente un profesional maneje su vinculación política, mayores posibilidades tendría de preservar públicamente la etiqueta de “técnico”; mientras quien reconoce abiertamente su militancia corre el riesgo de ser identificado únicamente como “político”. Esa no parece ser una buena manera de valorar el talento disponible para el Estado, pues se corre el riesgo de descalificar o restar mérito a un profesional por su condición de político, como si la militancia partidaria fuera incompatible con la capacidad técnica, la experiencia y la competencia profesional.

El mérito profesional y el mérito partidario

Existe además otra dimensión que pocas veces se incorpora al debate: el mérito partidario. Los partidos no funcionan solamente durante las campañas electorales. Requieren personas que dedican años a organizar estructuras, formular propuestas, participar en procesos internos, defender ideas, representar organizaciones en los territorios y contribuir a construir proyectos políticos.

Cuando una organización llega al Gobierno, entre sus integrantes puede haber profesionales que reúnen simultáneamente dos condiciones: preparación técnica y trayectoria partidaria. ¿Por qué una debería borrar la otra?

La militancia no sustituye la competencia, pero tampoco debe anular el mérito profesional.

Esta es la clave. Haber trabajado durante años por una organización política no convierte automáticamente a una persona en idónea para dirigir una institución pública. La administración del Estado exige conocimientos, experiencia, integridad y capacidad de gestión. Pero igualmente discutible sería recorrer el camino contrario: considerar que la militancia disminuye el valor de una trayectoria profesional construida durante décadas.

Ni identidad partidaria debe sustituir el currículum, ni el currículum debe exigir esconder el identidad partidaria.

La política de las personas

La personalización contemporánea introduce una contradicción adicional. Mientras electoralmente los partidos dependen cada vez más de las cualidades individuales de sus candidatos y dirigentes, dentro de la administración pública todavía puede persistir la tendencia a separar artificialmente al “técnico” del “político”.

Por eso quizás la discusión debería plantearse de otra manera. En lugar de preguntar si una persona es técnica o política, habría que preguntarse si posee las competencias requeridas para la responsabilidad que pretende desempeñar; cuál ha sido su trayectoria; qué resultados puede demostrar; cuáles son sus valores y, cuando corresponda, cuál ha sido su contribución al proyecto político que legítimamente procura ejecutar desde el Gobierno.

Una nueva valoración del servidor público

La democracia necesita partidos fuertes, pero también ciudadanos y dirigentes capaces. Necesita técnicos que comprendan que las políticas públicas se desarrollan dentro de realidades políticas, y políticos que comprendan que gobernar exige mucho más que ganar elecciones.

La nueva política, paradójicamente, puede ofrecernos la oportunidad de superar aquella vieja clasificación. Si estamos entrando en una etapa donde importa cada vez más la persona, entonces evaluemos integralmente a la persona.

Que su militancia sea conocida no debería ocultar sus títulos. Que haya participado en campañas no debería borrar sus años de ejercicio profesional. Que tenga convicciones políticas no debería convertir en invisible su experiencia técnica. Pero tampoco debería ocurrir lo contrario: una buena formación académica no puede convertirse en patente de corso para ocupar cualquier función pública ni la denominación de “técnico” debe colocarnos automáticamente por encima de quien ha decidido participar abiertamente en política.

Al final, el desafío consiste en recuperar el significado verdadero del mérito. Ser técnico y ser político no son condiciones incompatibles. Lo verdaderamente incompatible debería ser ocupar una responsabilidad pública sin poseer las competencias, la integridad y la capacidad necesarias para ejercerla.

Y quizás esa sea una de las paradojas de nuestro tiempo: en una política que valora cada vez más al individuo por encima de las etiquetas partidarias, todavía podemos estar utilizando la etiqueta de “político” para invisibilizar el mérito del individuo.

*El autor es Economista, Master de Formación Permanente en Dirección y Gestión de Proyectos