La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), criticó este lunes que el Ministerio de Educación contratara de urgencia servicios relacionados con las pruebas nacionales a espaldas de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios, y su reglamento de aplicación.
El director ejecutivo de la entidad, Miguel Reyes Taveras, aseguró que Educación alquiló «por decenas de millones de pesos» camiones para transportar las pruebas nacionales, una contratación que el ministro, Carlos Amarante Baret, declaró de urgencia, «con el objetivo de excluirla de la aplicación de la Ley 340-06», aseguró.
Aseguró que en dicho proceso participaron dos empresas, cuya actividad comercial era la recogida de basura y la construcción, respectivamente, objetos comerciales totalmente divorciados de los servicios contratados por Educación.
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