Entre lo sacro y lo profano

Por Anner Victoriano

Hay símbolos que una sociedad aprende a respetar desde la infancia. La bandera, el himno, la Constitución y el uniforme de un policía representan, en esencia, la promesa de un Estado que protege a sus ciudadanos. Esa investidura reviste un carácter casi sagrado, porque descansa sobre un principio fundamental: quien porta un arma en nombre de la República lo hace para defender la ley, no para sustituirla.

Sin embargo, esa frontera entre lo sagrado y lo profano parece difuminarse cada vez que una denuncia por uso excesivo de la fuerza, una muerte en circunstancias cuestionables o un operativo que termina violando derechos fundamentales ocupa las portadas de los periódicos. No se trata únicamente de hechos aislados; se trata de episodios que alimentan una percepción de desconfianza hacia una institución llamada a ser uno de los principales pilares de la democracia.

La Policía Nacional tiene una misión difícil. Nadie puede desconocer que sus miembros enfrentan diariamente la delincuencia, el crimen organizado y escenarios de alto riesgo. Pero precisamente por la complejidad de esa tarea, la sociedad exige que cada actuación esté sometida al imperio de la ley. El poder que el Estado delega en un agente policial no es una licencia para actuar arbitrariamente, sino una responsabilidad que demanda disciplina, prudencia y absoluto respeto por la dignidad humana.

En ocasiones, pareciera que algunos olvidan una verdad elemental: el uniforme no convierte a nadie en dueño de la justicia. El policía no es juez ni verdugo. Su deber consiste en preservar el orden para que sea el sistema judicial el que determine responsabilidades. Cuando esa línea se rompe, no solo se afecta a una víctima o a una familia; se hiere la legitimidad de toda la institución.

Lo preocupante es que, con demasiada frecuencia, el debate público termina polarizado entre quienes justifican cualquier actuación policial en nombre de la seguridad y quienes descalifican a toda la institución por las acciones de algunos de sus miembros. Ambas posiciones resultan peligrosas. Ni toda crítica constituye un ataque a la Policía, ni toda defensa del orden puede servir de excusa para tolerar abusos.

Una democracia madura necesita una Policía fuerte, pero también controlada por la ley. La autoridad no pierde fuerza cuando rinde cuentas; al contrario, se fortalece. Investigar denuncias de excesos, sancionar a quienes violen los protocolos y garantizar transparencia no debilita a la institución. La dignifica.

La reforma policial que impulsa el país representa una oportunidad histórica. Pero ninguna transformación será suficiente si no cambia también la cultura institucional. No bastan nuevos reglamentos, uniformes o equipos tecnológicos. La verdadera reforma comienza cuando cada agente comprende que la confianza ciudadana es su principal herramienta de trabajo y que esa confianza se construye con respeto, profesionalismo y ejemplo.

La Policía Nacional necesita recuperar plenamente el prestigio que merece una institución llamada a proteger, no a intimidar. La inmensa mayoría de los hombres y mujeres que sirven con honestidad dentro de sus filas también son perjudicados cuando unos pocos actúan al margen de la ley. El silencio institucional frente a esos casos solo profundiza el daño.

Entre lo sacro y lo profano existe una línea invisible, pero perfectamente reconocible. Lo sagrado es el ejercicio legítimo de la autoridad al servicio del bien común. Lo profano comienza cuando el poder olvida sus límites y convierte la fuerza en un fin en sí mismo.

La República Dominicana no necesita elegir entre seguridad y derechos humanos. Necesita comprender que una seguridad auténtica solo puede construirse respetando la ley. Porque cuando quienes deben hacerla cumplir terminan vulnerándola, la autoridad deja de inspirar respeto y comienza a despertar miedo. Y una sociedad que teme a quienes deberían protegerla está, inevitablemente, perdiendo una parte esencial de su democracia.