RedacciónEl juez titular de la Junta Central Electoral, magistrado Eddy Olivares Ortega, reveló que en los próximos días el organismo iniciará los trabajos de reestructuración de las juntas electorales en todo el país, a fin de corregir el desequilibro generado por la firma del pacto suscrito entre los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano.
Aunque no precisó la fecha para el inicio formal de esos trabajos, afirmó que es un deber del tribunal cumplir con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 275-97, en lo relativo al balance que debe primar a la hora de seleccionar a los integrantes de esas juntas electorales, que es donde radica en sí la garantía del certamen venidero.
Al ser entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Record del canal 45, el también presidente de la Comisión de Juntas Electorales, manifestó que aunque debe primar un consenso para dicha conformación no pueden ser activistas políticos quienes las presidan.
“Esos ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos como son tener una buena reciedumbre moral, ser respetados por la comunidad y contar con los aspectos constitucionales, pero existe una cláusula, que ninguna personas que hayan cometido un delito penal, nunca podrán ser miembro de una junta electoral, aunque haya cumplido su condena’’ acotó el juez de la JCE.
Precisó que de lo que se trata en estos casos es que los seleccionados que por demás son honoríficos sean personas que en verdad vayan a cumplir de manera cabal las funciones para las cuales fueron recomendadas, ya que son órganos que juegan un papel fundamental en la transparencia y equidad del proceso electoral.
Dijo que concluido ese proceso por parte de la Comisión de Juntas Electorales y de Partidos Políticos, dichos resultados son llevados al pleno del tribunal del organismo, y posterior presentado en audiencia pública a los partidos políticos reconocidos.
Reveló que para las elecciones venideras han sido creadas tres nuevas juntas municipales, lo que asciende a 158 el total, tras la elevación de categorías de las comunidades de San Víctor, en Espaillat, Matanza en Peravia y Baitoa de Santiago.
Por otra parte, Olivares rehusó referirse a la presión internacional que ejercen algunos sectores contra la República Dominicana, tras la implementación del Plan Nacional de Regularización, porque el mismo está fuera de su competencia.
No obstante, reafirmó que fue un error despojar a dominicanas y dominicanos de sus documentos por ser hijos de padres de ascendencia haitiana.
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