¿Por qué la revisión de la ley de hidrocarburos debe ser revisada?

Por el Ing. RAFAEL RODRÍGUEZ GÜICHARDO

Todos recordamos que, en sus propuestas de campaña una de las promesas más notorias y prometedoras del actual gobierno era la de la modificación de la ley 112-00 sobre los hidrocarburos, por considerarla muy onerosa en la parte impositiva, por lo que consideraban que era demasiado para la población y por lo que los combustibles llegaban tan caros al consumidor final.  

Todos recordamos que el hoy el ministro del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, MICM, Víctor (Ito) Bisonó, con su formulita, en la que decía que casi el 50% del precio de los combustibles era de impuestos y concluía que: “Tú eres dueña de Refinería y no lo sabes”. 

También recordamos al entonces senador por la provincia de Puerto Plata José Ignacio Paliza, cuando desde el senado pronunciaba su célebre frase: “Cuánto abuso al referirse de que el pueblo dominicano estaba pagando unos US$2.00 dólares por galón, solamente de impuestos en los combustibles. Dejando entrever que, si el PRM llegara al poder, eso debería ser revisado”.  

Luego todos vimos al hoy presidente Luis Abinader prometer una modificación a la ley de los hidrocarburos, evidentemente se entendía que era para hacer bajar los combustibles y yo pregunto: ¿No se supone que con esa campaña y esos discursos eran con la intención de hacer una revisión eficaz a la ley 112-00 para hacer bajar los combustibles a la población? ¿No es eso lo que espera la gente?  ¿No son esas sus expectativas? 

Pues, lamentablemente ocurrirá todo lo contrario. Los precios probablemente subirán de precios, además, hay una amenaza oculta en ese proyecto de ley, y es la de hacer desaparecer a los administradores independientes de estaciones de combustibles, como es el caso de los miembros de Anadegas, Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, ya que pretenden brindar en bandeja de plata el mercado completo de los combustibles al poderoso sector importador, formado por dos o tres familias sonoras y poderosas de la República Dominicana, que han incursionado últimamente en el negocio de las bombas de gasolina y la importación de combustibles.  

Ese proyecto de ley en uno de sus considerandos dice: “Que constituye un interés primordial del Estado dominicano adecuar el proceso de fijación de los precios de los combustibles a un modelo más eficiente, que promueva la competencia de los agentes del mercado, con la finalidad de transferir las ventajas y ahorros al consumidor final”. 

En otras palabras, el Estado está procurando poner a pelear en precios a los grandes importadores de combustibles que tienen márgenes exorbitantes en toda la cadena de comercialización, desde la importación hasta el detalle.

Pues, tienen verticalizado el negocio con los detallistas de gasolina en las estaciones de combustibles, que solo ganan y mantienen sus estaciones, sus costos de operaciones y empleomanía, con un solo margen por cada galón de combustible. 

 En los países donde se ha permitido esa liberación de precios ha hecho desaparecer a los detallistas de gasolina, porque temporalmente ponen unos precios que son insostenibles para los detallistas que tienen que cerrar sus estaciones y las tienen que vender a precio de vaca muerta a esos mismos importadores, para que luego que ellos estén solos en el mercado imponer los precios que les dé la voluntad, debido a que no habrá quien se los impida y el pueblo pagará más caro cada galón que como lo está hoy día por ser un sector regulado. Es el gobierno quien fija los precios de comercialización. 

Otra de las razones peligrosas de ese proyecto de modificación de la ley y que evidencian la protección al importador es que en el PPI, que es el Precio de Paridad de Importación, la fórmula actual del cálculo de los combustibles consta de siete elementos, y ahora en la modificación, le han añadido seis más y la han llevado hasta trece elementos de cálculo, por lo que la mayoría es para favorecer a los importadores, como ha sido siempre, pues, lo toman en cuenta en el CMT ( Costo por Manejo de su Terminal), “que es un cargo que les permite a los importadores la recuperación de inversión de capital y los costos de operaciones anuales.

Este cargo incluye los costos operativos y administrativos ajustados, correspondientes al manejo de su terminal.

Incluye sueldos y salarios del personal, mantenimiento de los equipos, inventarios diarios de los tanques o esferas, costos de seguros de propiedad y riesgos a terceros, remuneración razonable al capital invertido o beneficios por importación, despacho de productos, mantenimiento general de las edificaciones y lugares accesorios (patios, jardines, caminos internos y entorno de la terminal), todo esto se determinará utilizando los costos de construcción de dicha terminal”, más bueno que es así. 

Le tienen asegurado bajo la ley hasta las picadas de ojo, mientras que, al sector detallista no se les asegura nada en lo absoluto en esa modificación de la ley, y lo único que gravita sobre nosotros es que seremos sometidos a una competencia de precios con esos monstruos de manera irracional, abusiva y desproporcionada para hacernos desaparecer de nuestras estaciones junto a nuestros hijos, pues ellos pueden dar de rebaja lo que nosotros tenemos asignados como margen para sobrevivir y solo lo darán hasta que desaparezcamos.    

Esto dará lugar a un monopolio que manejará a su antojo el mercado de los combustibles si pasa como ha sido concebido. 

Debo decir, que la mayor parte de esas grandes inversiones que ostentan esas terminales de importación y que el gobierno tanto asegura mediante este anteproyecto de modificación de la ley 112-00, han sido pagadas por el pueblo dominicano.

Las mismas fueron producto, en su mayoría, con unas resoluciones que dieron en la pasada administración de José del Castillo, hoy senador de la provincia de Barahona y tomo una cita de CDN que en su momento hiciera una investigación minuciosa al respecto, y se las transfiero para que tengan una mejor edificación sobre cómo es que se han manejado las leyes y normas para beneficios de los grandes importadores, que hoy pretenden sacar del mercado a los detallistas de gasolina de administración independiente.