RedacciónUn grupo de empresarios, religiosos, representantes de la sociedad civil, exjueces de las altas cortes, profesionales y personalidades de la vida pública anunciaron la conformación de la “Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia”.
La entidad sin fines de lucro tendrá entre sus objetivos enfrentar cívicamente y en el marco de las amenazas que se ciernen sobre la democracia y el respeto a los límites del poder consignado en la Constitución de la República.
Al leer un manifiesto la tarde de este lunes, los integrantes aseguraron que “será un espacio social, cívico y patriótico donde confluyan todos los dominicanos, las organizaciones, agrupaciones y movimientos”.
Entre los integrantes figuran el exmilitar constitucionalista Andrés Fortuna, el neurocirujano Amaury García, los jueces del Tribunal Constitucional Leyda Piña y Jotty Cury hijo; el abogado constitucionalista Namphy Rodríguez, Fidel Santana, la empresaria Milqueya Portes Montás, la gloria del deporte Cesarín Gerónimo y el merenguero Johnny Ventura.
También, Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata (PQDC), el periodista Alfredo Freites, el decano de la Escuela de Derecho de la UASD, Freddy Ángel Castro; Betzaida González, vocera del Bloque de Diputados del Frente Amplio y el PQDC); Alejandro Ozuna, vicerrector docente de la UASD; y Mario Vinicio Castillo y José Ricardo Taveras, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), entre otros.
Los que conforman la entidad entienden que la Constitución es un pacto social que consagra los intereses del pueblo, establece los derechos y deberes ciudadanos y las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado y sus límites.
“Por consiguiente, una reforma constitucional no puede ser concebida con la finalidad de reelegir al gobernante de turno, sino que, por el contrario, cualquier reforma constitucional debe tener por finalidad fortalecer la institucionalidad democrática, ampliar los derechos ciudadanos, proteger nuestra soberanía y garantizar los intereses de la sociedad”, puntualizaron.
Señalaron que observan con preocupación que algunas personas promueven abiertamente la violación de la vigésima disposición transitoria de la Carta Magna.
“Este texto, en las primeras 26 letras de las 47 que posee, le habilitó la posibilidad de que el presidente (de la República) actual pudiera ser reelecto en el 2016, pero le impuso la obligación de no volver a presentarse como candidato presidencial en las elecciones del 2020 ni en ninguna otra elección”, precisaron.
En ese sentido, consideran que cualquier acción que busque desconocer las 21 palabras restantes, en la que se establece un límite en el ejercicio del poder, no sería una modificación o reforma sino una franca violación e irrespeto a la vigésima disposición transitoria del Supremo Estatuto Político.
“Hemos notado que el liderazgo político de la mayoría de los partidos que tienen representación congresual ha rechazado todo intento de violentar la Constitución y alrededor de 105 congresistas, de los 222 que componen la Asamblea Nacional, han reafirmado, en sendos documentos y en declaraciones públicas, su oposición radical a prestar su consentimiento o votos para violentar nuestra Ley Fundamental”, anotaron.
Agregaron que esto demuestra que no habría forma legal, ni legítima de obtener los 148 votos necesarios para reformar la Constitución.
“En este sentido, debemos hacer conciencia de que nuestros actos deben ajustarse a los preceptos constitucionales, en lugar de acomodar estos últimos a nuestros intereses circunstanciales”.
Recordaron que todas las encuestas que se han publicado hasta la fecha, registran la falta de legitimidad popular para reformar la Constitución con la finalidad de reelegir al gobernante de turno.
Comentaron que la última encuesta publicada ha sido la “Gallup–Hoy”, que confirma un rechazo, mayoritario, de más del 68% de la población a cualquier intento de violación de la vigésima disposición transitoria de la Carta Sustantiva.
“El rechazo a una nueva modificación constitucional con el fin de reelegir a un gobernante de turno, ha generado un vigoroso respaldo social, manifestándose a través de editoriales, pronunciamientos de instituciones religiosas católicas y evangélicas, entre otros sectores de la sociedad”, indicaron.
“Consideramos que tanto el presidente de la República, los congresistas, funcionarios públicos y ciudadanos dominicanos en general, deben respetar la Constitución y las leyes, pues son los mecanismos que permiten mantener una convivencia pacífica y ser parte de un verdadero Estado social y democrático de derecho. Su irrespeto, debilita la institucionalidad que debe primar en nuestra nación.”, alertaron.
Pidieron a todos los sectores identificados con la causa de la defensa de la democracia y del respeto a la Constitución, integrarse a la naciente Coalición y participar del calendario de actividades que próximamente anunciarán.
