El Instituto Duartiano expresó este martes su preocupación por la situación en que se encuentra la frontera terrestre dominicana con la República de Haití, en la que de acuerdo con este organismo predomina la inseguridad y el escaso control migratorio.
En un comunicado emitido por su junta directiva, la entidad informó que algunos de sus miembros se trasladaron a esa zona, específicamente por la provincia Elías Piña, y expresó que comprobaron que se requiere de una vigilancia más efectiva y una política migratoria acorde con la realidad que se vive en esos puntos del territorio dominicano.
“Las autoridades de nuestro país tienen que dar cumplimiento a la constitución de la República, en especial a lo relativo al régimen de seguridad y desarrollo fronterizo, previsto en el artículo número 10 de la referida norma sustantiva”, manifestó el organismo.
La nota del Instituto Duartiano añadió que este artículo dice que, “se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.
Explicó que el propio texto constitucional ordena a los poderes públicos a elaborar y priorizar políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructuras, que garanticen el progreso de usa importante región de nuestra Patria.
Asimismo, el Instituto Duartiano denunció la indiferencia que muestran los hombres y mujeres que lo conforman, salvo contadas excepciones, ante proyectos de mucho valor para la esencia dominicanista como resulta el proyecto de ley de símbolos patrios, con cerca de diez años en las gavetas del Congreso Nacional, perimiendo una y otra vez; el propio proyecto de ley relativo a la inamovilidad del Día Natal del Padre Fundador, Juan Pablo Duarte y Díez.
También le preocupa a la junta directiva del Instituto Duartiano la negligencia congresual con relación a la reserva constitucional que plantea el artículo 10, numeral 2, el cual precisa: “El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional”.