Redacciónl colectivo “Marcha Verde” advirtió este martes que el Ministerio Público no puede presentar a la Suprema Corte de Justicia un expediente definitivo del caso Odebrecht sin incluir a todos los responsables de los sobornos y las sobrevaluaciones.
En su primera actividad del conteo regresivo hacia el inicio del juicio de este caso, el colectivo aseguró en un comunicado que a la Procuraduría General dominicana “le falta realizar una investigación técnica rigurosa sobre las posibilidades de sobrevaluación en los 22 contratos concedidos a Odebrecht entre el 2002 y 2016”.
También consideró que hay que investigar las declaraciones sobre el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y a los dirigentes políticos, legisladores y exlegisladores que estuvieron al frente de la negociación y promoción de los contratos desde el Congreso y otros escenarios.
“En el caso falta gente, mucha gente. Hasta ahora el procurador Jean Alain Rodríguez se ha limitado a distraer a la ciudadanía y evadir sus responsabilidades para favorecer los intereses de su partido y del Gobierno”, según el comunicado “Marcha Verde”.
“Por eso los ciudadanos y ciudadanas a los que nos duele nuestro país, nuestros impuestos y el futuro de nuestros hijos no podemos estar tranquilos hasta que todos los responsables sean investigados y sometidos a la Justicia”, añadió.
Por el caso Odebrecht, en el país fueron imputadas 14 personas, entre ellas el destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, un reconocido dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista.
Asimismo, el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero todos se encuentran en libertad condicional.
El pasado 9 de febrero, el juez Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia extendió por cuatro meses el plazo dado al Ministerio Público para formalizar la imputación de cargos contra los acusados.
