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El Motín

La anulación del indulto a Fujimori pone en aprietos al Gobierno peruano

El País

La anulación del indulto al autócrata Alberto Fujimori llega en el momento político más movido de los últimos meses en Perú. La decisión judicial de este miércoles ha atizado el enfrentamiento declarado en julio entre el Ejecutivo de Vizcarra y el Congreso, en el que el partido opositor Fuerza Popular, liderado por la hija del expresidente, Keiko Fujimori, cuenta con la mayoría. Este jueves, dos asuntos clave concentrarán la atención en el Legislativo: el pleno debe debatir y aprobar proyectos de ley enviados por el presidente –sobre las reformas de justicia y política– pero, además, está previsto que se vote la destitución del juez supremo César Hinostroza, investigado por la Fiscalía por encabezar la trama de corrupción del sistema de justicia. También se debe discutir el levantamiento de su fuero para que pueda ser procesado.

“Definitivamente va a aumentar el conflicto. Hay una medida del poder judicial que todos tenemos que acatar y respetar, pero nos preocupa cómo este indulto va a afectar el momento de alta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo”, dijo este miércoles la congresista Marisol Espinoza, de Alianza para el Progreso, el partido al que pertenece el primer ministro peruano, César Villanueva. “Va a seguir escalando el enfrentamiento con cada poder midiendo fuerzas. [El fujimorismo] lo va a tomar como un evento que ha generado el presidente [Vizcarra]. Pero él no tomó la decisión, sino la justicia”, agregó.

“Jurídicamente la resolución es impecable y, en lo político, es devastador para Fuerza Popular pues sus voceros, que antes lamentaban el indulto, ahora critican que vuelva a la cárcel. Era previsible señalar que la caída de Kuczynski era la antesala del retorno a prisión de Fujimori”, comentó a EL PAÍS el congresista del partido de Gobierno Peruanos por el Kambio, Juan Sheput. El exabogado de Fujimori en la década pasada y hoy defensor de Kuczynski, César Nakazaki, coincide con Sheput en el cambio de posición del lado keikista del fujimorismo que rechazó tajantemente la resolución judicial: “La guerra política entre Fuerza Popular y el Gobierno, el traerse abajo a PPK [Pedro Pablo Kuczynski] iba a traerse abajo irremediablemente el indulto”.

Por la noche, la líder de la oposición, Keiko Fujimori, insistió en su mensaje del mediodía: “Consideramos que esta resolución está cargada de odios y de ánimos de venganza”, expresó frente a la clínica privada a la que ha sido trasladado su padre tras el fallo judicial.

Aunque tanto Vizcarra como su primer ministro, César Villanueva, han guardado silencio tras la difusión de la resolución judicial que anula el indulto al autócrata, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha emitido un comunicado en el que aseguran que respetan las decisiones judiciales. “Como Gobierno somos respetuosos de la independencia del poder judicial que implica el acatamiento de los fallos”. Fuentes del Ejecutivo han declinado hacer declaraciones a EL PAÍS.

Caso Hinostroza

Durante la madrugada del pasado viernes, la comisión permanente del Congreso aprobó el informe de antejuicio y acusación constitucional contra el juez Hinostroza, según el cual se le podría destituir y autorizar a que la Fiscalía lo procese por tres delitos menores, y lo exoneró de la presunta pertenencia a la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto.

Dicha red envileció a la administración de justicia a partir de la corrupción desatada en la Sala Penal Suprema que presidía Hinostroza y en varias cortes superiores del país. Una red que logró llegar hasta la Fiscalía, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otras instituciones.

En los audios que revelan la corrupción en estas instancias, también aparece el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien el presidente Vizcarra y decenas de juntas de fiscales superiores le han solicitado que “dé un paso al costado”. Así como la mayoría fujimorista en el Congreso blindó a Hinostroza, lo ha hecho con el fiscal general, al impedir la tramitación de las acusaciones constitucionales presentadas en su contra. No hay una fecha programada para debatirlas.

Chávarry, ex secretario general de la Fiscalía cuando era una herramienta de persecución del Gobierno de Fujimori, en los años 90, se ha aferrado al cargo. El martes, en respuesta al jefe de Estado tuiteó: “Ponderación, presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo) serán tramitadas con el debido proceso”. El mensaje ha sido interpretado por políticos y analistas como una amenaza.

Sin consenso en el fujimorismo

Antes de la resolución sobre el indulto, no había consenso en Fuerza Popular acerca de la velocidad con la que aprobarían los cuatro proyectos enviados al Congreso por el Ejecutivo para que puedan ser votadas en referéndum en diciembre. Tampoco habían llegado a un acuerdo sobre la posición que mantenía el partido respecto a Hinostroza. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dijo que acogía la celeridad que solicitó Vizcarra, mientras que la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, que se ha resistido a la presión de las movilizaciones ciudadanas y del presidente, ha criticado públicamente los proyectos de ley y el informe de acusación contra el juez Hinostroza. Vizcarra planteó los proyectos de ley hace 54 días, y los empresarios enviaron hace algunas semanas un mensaje al Congreso para que colaborasen en no hacer crecer la inestabilidad.

“No ayuda a la reconciliación entre peruanos, el enfrentamiento que existe hoy día se va a exacerbar, ciertamente yo no voy a decir que hay políticos que están detrás de este fallo”, aseguró este miércoles el presidente del principal asociación de empresarios, Roque Benavides.

Una de las familiares de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, destacó que con la anulación del indulto recuperaban la tranquilidad que perdieron la noche de Navidad, cuando Kuczynski indultó al autócrata. “Me parece una falta de respeto que se piense que cuando buscamos justicia en las instancias nacionales e internacionales digan que se hace por una especie de odio, buscamos justicia hace 25 años, un derecho consignado en la Constitución”, dijo en una conferencia de prensa la tarde del miércoles.

Según una encuesta difundida este miércoles por Datum, para el 64% de los peruanos el Congreso es la institución más corrupta del país, y para un 43% lo son el Poder Judicial y el Ministerio Público.

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