El Motín

Juez Ortega se muestra presionado al fallar medidas de coerción en caso Odebrecht

Juez Francisco Ortega.

El juez Francisco Ortega, de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, se mostró presionado este miércoles durante el proceso en el que dio a conocer el fallo sobre las medidas de coerción impuestas a trece de catorce acusados de recibir en el país supuestos sobornos para favorecer con obras públicas a la multinacional constructora brasileña Odebrecht.

Ortega, que tenía que iniciar la audiencia a las cuatro de la tarde, ingresó al tribunal con un retraso de casi una hora ante la impaciencia de los acusados, abogados de la defensa, periodistas y curiosos que esperaban en la sala del tribunal.

Cuando dispuso la lectura del fallo debió esperar alrededor de quince minutos debido a un desperfecto que afectó el audio del micrófono que utilizó la secretaria para dar lectura al dictamen.

Luego de corregido el problema, la secretaria inició una lectura a la carrera del contenido de la sentencia en que el constan los nombres de los acusados, el rechazo a los incidentes que estos plantearon en la víspera por medio de sus abogados defensores y la parte final en que se disponen las prisiones preventivas para cada uno de los involucrados.

Se criticó que el magistrado Ortega no incluyera en el dictamen las razones que motivan todo fallo o decisión de un juez. Aunque se considera que esto podría constar en el texto íntegro de la sentencia.

De acuerdo al fallo, el empresario Ángel Rondón deberá cumplir un año en la cárcel de La Victoria. Dispuso nueve meses de prisión para Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, quienes deberán cumplirla la medida de coerción en la cárcel de Najayo.

Seis meses para Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González. En tanto que a César Sánchez y Máximo D´Oleo le impuso tres meses, también en la cárcel de Najayo. Y nueve meses de arresto domiciliario para Radhamés Segura y Roberto Rodríguez.

Mientras que impuso una garantía económica de cinco millones de pesos e impedimento de salida para los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, así como para el diputado Alfredo Pacheco.
El juez declaró el caso complejo y dio ocho meses al Ministerio Público para que amplíe la investigación. También otorgó un plazo 20 días a los imputados para que apelen la decisión.