El Motín

Sentencia ‘caso Nóos’ | La Audiencia condena a Urdangarin a 6 años y 3 meses de cárcel y absuelve a la Infanta

Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, fue condenado este viernes a seis años y tres meses de prisión por diversos delitos de corrupción en el caso Nóos. La Audiencia Provincial de Baleares, en una de las sentencias más esperadas de los últimos años, absolvió a la hermana de Felipe VI de los dos delitos fiscales de los que únicamente la acusaba Manos Limpias, pero considera que se benefició de los delitos de su marido y le impone que devuelva 265.088 euros que cargó a la tarjeta de crédito de la mercantil Aizoon, que compartía al 50% con aquel. El fiscal Pedro Horrach solicitó hoy mismo al tribunal que celebre una vista en la que se plantea pedir el ingreso inmediato en prisión de Urdangarin y de su socio Diego Torres, condenado a ocho años y medio de cárcel.

El tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero hizo pública a mediodía la sentencia sobre el presunto desvío de fondos públicos de los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid al Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin y gestionado por Diego Torres, al que conoció en la escuela de negocios Esade.

El fallo, que llegó acompañado de una enorme interés mediático y en las redes sociales, rebaja sensiblemente las expectativas de las acusaciones, en particular la de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba una pena de 19 años y medio de prisión para el cuñado de Felipe VI y de 16 años y medio para Torres.

Tras medio año de vista oral y ocho meses de deliberación, el tribunal impone a Urdangarin una pena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública. Para su socio, la pena se eleva a ocho años y medio al añadir un delito de blanqueo de capitales.

La Casa del Rey se ciñó al guión de los últimos años, y reiteró su “respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial”. El cortafuegos de Zarzuela con Cristina de Borbón se reforzó tras la proclamación de Felipe VI en junio de 2014. Un año después, el Rey revocó el derecho de su hermana a utilizar el título de duquesa de Palma.

Las magistradas imponen penas menores al expresidente balear Jaume Matas (tres años y ocho meses) y a los cuatro miembros de su Gobierno que durante la vista oral, que finalizó el pasado junio, confesaron que permitieron los contratos públicos fraudulentos por valor de 2,6 millones de euros con el Instituto Nóos. Urdangarin lo presentó al Ejecutivo balear “remarcando con una particular insistencia que se trataba de una organización sin ánimo de lucro”.

De este dinero, 2,3 millones corresponden a la organización, adjudicada a dedo, de los congresos Illes Balears Forum de 2005 y 2006. Estos certámenes vinieron precedidos del primer contrato de la trama, el de la “oficina de proyecto” del equipo ciclista Illes Balears, valorado en 300.000 euros. La sentencia señala que Urdangarin “se prevalió de su privilegiado posicionamiento institucional” para conseguir los contratos. En el otro lado tenía a un Matas dispuesto a “omitir los trámites legalmente establecidos” en atención a la “proximidad” del duque de Palma a “la Jefatura del Estado”.

Junto con la absolución de la infanta Cristina, por la que el fiscal Horrach peleó con ahínco durante la fase de instrucción, iniciada en 2010, y el juicio, el gran éxito de la acusación pública es lograr la condena de la trama balear. También lo fue probar los dos delitos fiscales de Iñaki Urdangarin en 2007 y 2008. El yerno de Juan Carlos I usó la sociedad Aizoon, que compartía con la Infanta, para facturar retribuciones por las que tenía que haber tributado como persona física en el Impuesto sobre la Renta. También ha quedado sentado que Urdangarin cargó a Aizoon gastos de personal doméstico, como planteaba el fiscal. Sin embargo, a partir de ahí todo fueron reveses para la acusación.

La sentencia, de 741 folios, echa por tierra la llamada trama valenciana. Los cinco altos cargos de la Generalitat que contrataron con Urdangarin las cumbres de turismo y deporte Valencia Summit entre 2005 y 2007 por valor de 3,4 millones, resultaron absueltos. Su estrategia de negar los hechos, sostener su inocencia y rechazar un acuerdo con el ministerio público resultó un éxito rotundo. Las magistradas entienden que los contratos fueron válidos y las tres ediciones de la Valencia Summit “se celebraron de forma satisfactoria” y a precios de mercado.