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El Motín

Conocerán este domingo coerción por tráfico de personas

SANTIAGO.- El Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia, de esta ciudad, conocerá este domingo la solicitud de medida de coerción presentada ayer por la Fiscalía contra cuatro personas, acusadas de dirigir una red dedicada al tráfico de personas, explotando sexualmente a 45 extranjeras en un night club de aquí.

Los involucrados en el hecho son Juan Antonio Fernández Fernández, Magdalena Batista, Jairo Carrera Castillo y el venezolano Jolvert José Ramírez, apresados la madrugada del viernes en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilegal de Personas y Trata de Blancas.

Se supo que la tarde de este sábado el Ministerio Público depositó por ante la secretaría de dicho tribunal la solicitud de medida coercitiva, pero que el juez Luís Nobel decidió convocar para este domingo para su conocimiento.

En los medios de prensa locales, la fiscal Luisa Liranzo maneja con hermetismo el caso, desde el mismo momento en que la mañana del viernes comenzaron a circular aquí los rumores sobre el caso y que horas después fueron oficializados por la Procuraduría General de la República.

Trascendió que la Fiscalía solicitará al tribunal declarar complejo el caso y pedir que a los imputados se les aplique una coerción de 12 meses de prisión preventiva.

Fernández Fernández, Batista, Carrera Castillo y el venezolano Ramírez, son señalados por las autoridades judiciales como los supuestos responsables de la red, por lo que fueron arrestados en el Night Club Casa Blanca, localizado en el municipio de Licey al Medio, donde pernoctaban las 45 mujeres de nacionalidades colombiana y venezolana.
El Ministerio Público informó que durante el allanamiento se ocuparon varias armas de fuego, incluidas de guerra, entre ellas una pistola calibre 5.7, de uso militar exclusivamente, sin documentación legal; tres cargadores para la misma, 6 escopetas y una mini Uzi.

Sobre las extranjeras rescatadas del night club se informó que fueron puestas bajo la protección y cuidado de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Personas, mientras que los imputados fueron sometidos por violación de la Ley 137-03, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, además de la Ley 36 sobre comercio, porte y tenencia de armas.

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